El senador Felipe Harboe (PPD), actual presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta asegura que las cifras de internos en prisión preventiva responden al endurecimiento de las penas y a la presión social contra fiscales y jueces en los últimos años.
Además, el parlamentario de la nueva Mayoría critica a los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet por no concretar la construcción de nuevas cárceles, las que ayudarían a tener "en condiciones humanas" a los internos de los establecimientos penitenciarios.
¿Actualmente se utiliza demasiado la prisión preventiva por los magistrados y fiscales?
Uno de los principales defectos de la Reforma Procesal Penal fue que cambió la proporción histórica. En Chile, antes de la reforma, la población penal era un 70% prisiones preventivas y 30% de condenas. Hoy, lo que ocurre es al revés. También hemos ido endureciendo las penas y limitando las libertades condicionales. Actualmente, lo que se espera es que siga un alza en la cantidad de población (reos) en prisión preventiva, producto del endurecimiento de las penas y la falta de aplicación práctica de medidas alternativas.
¿Cree que existe la sensación de que no hay una preferencia por aplicar otro tipo de cautelares distintas a este tipo de prisión?
Todavía está la idea de que si no hay prisión preventiva, hay impunidad, lo que es un error. Esto crea una permanente presión al legislador a ir incrementando las penas privativas de libertad. Cuando estas son desproporcionadas, al final del día no sirven para el objetivo que se busca, que es la rehabilitación.
Los datos entregados por Gendarmería al Senado señalan que algunos recintos penitenciarios sobrepasan en 200% su capacidad
Hay un déficit de espacio carcelario. Objetivamente, faltan recintos de este tipo. Para tener en condiciones humanas a los casi 44 mil internos se requieren más espacios. Lamentablemente, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y este no construyeron ni un metro cuadrado de establecimientos penitenciarios. Dicho lo anterior, el déficit no está bien distribuido, porque hay cárceles que tienen espacios para poder albergar internos, pero Gendarmería no posee los recursos suficientes para habilitarlos adecuadamente.
¿En qué medidas se trabaja para mejorar las condiciones de la población penal?
En la agenda corta antidelincuencia propuse una indicación que permite reducir los tiempos de tramitación para la construcción de cárceles. En promedio, se demoran cerca de ocho años. Este artículo reduce los tiempos a cuatro. También se requiere una distribución de la población penal por grados de peligrosidad.
¿Qué otra medida ha propuesto?
He planteado ante Justicia y Gendarmería que se adopte como política pública que todos los internos ocupen uniforme. Así no tendrán la capacidad de guardar cosas como chips de teléfonos o cuchillos, y disminuirán los niveles de violencia interna. Se necesita, además, la implementación inmediata del sistema de bloqueo de teléfonos móviles.
