Los 60 años que la Inmobiliaria Fernández Wood (FW) cumpliría en abril de este año no podrán ser celebrados.

Ayer, la firma ligada a Vicente Aresti, a los ocho hijos de Juan Eduardo Errázuriz y al ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, presentó una solicitud de liquidación voluntaria, al acumular deudas totales por $ 22.369 millones, de los cuales $ 19.567 millones son con el sistema financiero y otros $ 2.802 millones con proveedores.

La debacle se inició a fines de 2015, cuando se descubrió que la filial de construcción de FW presentaba resultados financieros peores a los informados por la administración de ese entonces, que encabezaba el gerente general corporativo, Rodrigo Gana. De acuerdo con las revisiones posteriores, las pérdidas entre 2014 y 2015 superan los $ 22 mil millones en Fernández Wood Constructora y sus filiales, siendo este uno de los motivos que empujaron a la liquidación y que obligó a la desvinculación de algunos ejecutivos.

Según señaló a La Tercera el actual gerente general corporativo de FW, Bernardo Domínguez, la situación se detonó por una "inexcusable actuación de un grupo reducido de ejecutivos liderados por el ex gerente general corporativo de FW (Gana) y el ex gerente de Administración y Finanzas (Julio Abud), quienes durante al menos dos años mintieron sistemáticamente, manipulando los estados financieros consolidados entregados al directorio de FW Corp, accionistas y al sistema financiero y se excedieron de sus atribuciones sin consultar al directorio".

El ejecutivo, quien antes de ocupar ese puesto se desempeñaba como director de la empresa, asumió la gerencia general en enero de 2016, con la meta de reestructurar a la compañía y salvarla de la liquidación. Al respecto, explicó que tras la salida de los mencionados ejecutivos se detectaron una serie de malas prácticas, entre las que se cuentan provisiones de ingresos abultados; traspaso de costos entre proyectos o incluso a iniciativas inexistentes; retasaciones de bienes inmuebles a valores sobre el mercado y la adjudicación de obras a valores muy por debajo del costo real, a fin de utilizar el anticipo para financiar otras iniciativas.

Serviu

Domínguez añadió que otro motivo que afectó la liquidez fue el monto adeudado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), correspondiente a $ 4.574 millones por obras ya ejecutadas en viviendas sociales y de reconstrucción y a $ 4.022 millones por reclamaciones. Pese a ello, aseguró que la empresa cumplió y terminó todos esos contratos.

En este escenario, dijo que el proceso ha sido "tremendamente doloroso" para el directorio, que se siente traicionado ya que los ejecutivos involucrados eran cercanos.

En ese sentido, reconoció que los actuales accionistas tienen pocas posibilidades de recuperar los $ 32 mil millones invertidos en la empresa a lo largo de sus 13 años de participación, en los que nunca retiraron dividendos. Tras la llegada de Domínguez a la gerencia general corporativa se cambió la empresa auditora, PwC, y se contrató a KPMG, la que en el marco de una investigación descubrió las pérdidas, denotando la ya mencionada salida de ejecutivos. El análisis arrojó que las ganancias estimadas en $ 2.300 millones en 2015, correspondían en realidad a pérdidas consolidadas por $ 15.023 millones, mientras que las ganancias por $ 1.483 millones reportadas en 2014, en verdad eran pérdidas por $ 5.377 millones.

Por lo anterior, los accionistas realizaron aportes para cubrir las necesidades de caja, que implicaron una inyección de $ 22 mil millones en 2016. Además, asumieron cargos ejecutivos y participaron de negociaciones complejas, entre ellas con el Serviu.

Así, se priorizó terminar las obras en curso de la constructora, pasando de un total de 30 en ejecución a sólo cuatro (El Descanso en Maipú, Arboleda en Huechuraba, Valle Norte en Chamisero y Borde Andino en Santa Elena (Colina)) y se bajó desde un total de 1.100 trabajadores a 430.

Con todo, Domínguez se mostró confiado en que las condiciones del proceso de liquidación permitirá que los cuatro proyectos puedan ser terminados ya sea por socios inmobiliarios o cualquier nuevo propietario, por lo que el impacto en los clientes debería ser acotado y dependerá de la celeridad con que ocurra el proceso de liquidación.