El 2017 fue un año para olvidar en el rubro de la construcción. El sector perdió más de 12 mil empleos y la inversión sectorial cayó cerca de 1,8%, completando cuatro períodos de bajas. Especialmente importante fue el descenso de la inversión productiva privada, que representa casi el 40% de la inversión total, y que se desplomó 6,9% el año recién pasado. Pese al desfavorable escenario, Echeverría Izquierdo, una de las mayores constructoras del país, logró incrementar sus ventas en alrededor de 10%. Aunque para mantener la capacidad productiva tuvo que sacrificar márgenes, revela Fernando Echeverría, presidente de la compañía.
El empresario -que en el anterior gobierno de Sebastián Piñera fue intendente metropolitano y ministro de Energía por 36 horas- ve con optimismo este 2018, inicio de año que encuentra a la firma participando de importantes proyectos, como el complejo de cuatro edificios Territoria Apoquindo, las plantas de ácido número 3 y 4 de Chuquicamata, la expansión de Collahuasi y el Teatro Regional del Biobío, además de una serie de obras en los sectores de celulosa, energía y edificación.
¿Cómo proyecta este 2018?
Con optimismo. Después de cuatro años de baja en la inversión, este año esperamos que crezca alrededor de 2,4%. Más importante aún es el crecimiento esperado de la inversión productiva privada, que subirá un 2,8%. Importante serán la minería, en el norte, y la celulosa, en el sur. En infraestructura pública vemos una expansión de 2,2%, representando un 25% de la inversión total en construcción.
Y para ustedes, ¿cómo será este año?
Prevemos un aumento de las ventas consolidadas de alrededor de 10%, con una recuperación importante en los márgenes. En 2017 cerramos con ventas por unos US$ 500 millones. El valor de la acción debiera subir durante el año, porque hay buenas perspectivas para el sector y eso se va a traducir en mejores resultados para la compañía.
¿La demanda por viviendas cómo estará?
Proyectamos que este año será positivo en ventas, porque hay una gran demanda, especialmente de sectores medios, y no vislumbramos un alza de tasas de interés, que es una variable que puede afectar.
¿Los precios seguirán subiendo?
Las mayores restricciones para construir han encarecido el precio de las viviendas y yo preveo que van a seguir subiendo por la falta de oferta. Tienen que existir planos reguladores para ordenar, porque a lo mejor se han hecho proyectos demasiado grandes, pero tiene que haber una densificación acorde a la infraestructura que tenemos y a la necesidad de la gente de estar a distancias razonables de su trabajo y lugar de estudio.
Con todo, el 2018 es el año de la recuperación para la construcción..
Así es, pero el gran cambio lo estimamos para más adelante, para 2019 y 2020, donde vendrá el despegue más importante para el sector, un dinamismo con mayor fuerza.
¿Por qué?
Porque en este momento hay un ambiente más proinversión y eso reactivará ciertos proyectos que, sin embargo, tienen un cierto rezago y su efecto no se verificará este año; pero ya en 2019 y 2020 vemos que la recuperación estará más consolidada, con un mayor impulso. Especialmente liderada por el sector minero, donde hay grandes inversiones que se van a materializar en los próximos meses y años, y eso tendrá una influencia muy positiva para la industria de la construcción en su conjunto.
¿De qué magnitud es el alza de inversión total que están estimando para el sector?
En los años 2011 y 2012, en el primer gobierno del Presidente Piñera, la inversión creció del orden de 9% anual, supongamos que ahora crezca a tasas de entre 5% y 6%, de todas maneras tendrá un efecto muy positivo para las empresas del rubro.
En 2017 el sector perdió más de 12 mil empleos. ¿Cuándo se recuperarán?
Calculamos que para el 2019 tendremos pleno empleo en la construcción y para 2020 probablemente tengamos escasez de mano de obra, en niveles similares a los que tuvimos en 2012 y 2013.
¿Las mejores expectativas sólo tienen que ver con el triunfo de Sebastián Piñera? Porque algunos economistas anticiparon que venía viento a favor sí o sí…
Esto, principalmente, está influido por una actitud más proinversión y, en ese sentido, es muy importante el cambio de gobierno. Vemos que el gobierno entrante va a hacer un esfuerzo muy grande por volver a impulsar la inversión y tiene herramientas para hacerlo, especialmente en la aprobación de los proyectos, pidiéndoles a todos los funcionarios públicos que a aquellos proyectos que cumplan con la legislación ambiental les den una aprobación temprana. Y ya solo con eso se va a reactivar el mercado, porque va a destrabar proyectos que están trancados en la parte ambiental.
Esa es la gran diferencia del nuevo gobierno con el actual: una preocupación por la inversión, que lamentablemente no estuvo en el radar en los últimos años. Por supuesto que también hay un ciclo minero que coincide con el cambio de gobierno y que generará un aumento de la inversión en el sector. Ambos factores se potencian.
Piñera anunció un shock de inversión. ¿Qué medidas son urgentes para agilizar inversiones de corto plazo?
Es que las medidas que se apliquen este año tendrán un efecto muy marginal en 2018, no influirán de inmediato, porque como dije, los proyectos actúan con rezago. Sí es clave una actitud proinversión. Por eso, el 2018 ya está bastante jugado para el sector, al menos en el caso nuestro, ya tenemos vendido todo este 2018. Nosotros y buena parte del sector funcionamos con dos o tres años por delante.
Incertidumbre jurídica
¿Qué temas son los que le preocupan? ¿Los conflictos entre municipios y constructoras, la judicialización de los permisos de edificación, la oposición ciudadana?
La certeza jurídica de los permisos. Hace poco, la Corte Suprema en dos fallos echó abajo dos proyectos que tenían permiso, el Mall Barón y la Central Mediterráneo, en el río Puelo. Ambos habían sido licitados por el Estado y vemos con mucha preocupación que todos los días hay proyectos que se detienen, como la Villa San Luis, donde el Consejo de Monumentos echó abajo una parte importante del proyecto, o los permisos municipales en Las Condes que se anulan, o lo ocurrido en Ñuñoa, en que un edificio que estaba terminado y recepcionado municipalmente, la Corte Suprema ordena demolerlo. No digo que destruyamos los barrios más lindos o los históricos, pero tenemos que permitir la inversión para que la gente tenga acceso a viviendas y a equipamiento a valores razonables. Hasta hace un tiempo, los permisos de edificación eran una cosa juzgada y hoy ya no lo son. Y eso influye en toda la cadena de financiamiento de la vivienda. Eso provocará un terremoto en el financiamiento y será muy difícil financiar un proyecto con esta incerteza.
¿Cómo se resuelve eso?
No tengo clara la solución, pero sí tenemos que volver a un sistema que les dé certeza jurídica a los inversionistas y a los propietarios. De lo contrario, vamos a encarecer la vivienda y sólo podrán acceder a ella quienes puedan pagar al contado, porque los bancos no van a querer financiar. Tenemos que darles mayor certeza a los procesos administrativos, como son los permisos municipales, cuando hayan sido obtenidos de buena fe.
¿Qué otro desafío enfrenta el sector?
La productividad. Ahí tenemos un pasivo muy grande, porque la productividad en la construcción se ha mantenido estancada en los últimos 40 o 50 años.
¿A qué responde esa inercia?
A prácticas que están obsoletas. La verdad es que como industria hemos sido poco innovadores, al sector le falta modernizarse.
¿En eso influye la regulación?
También dependemos de lo regulatorio, de que nos permita organizar el trabajo de manera distinta, porque hay ciertas rigideces; por ejemplo, el chofer del camión puede manejar el camión hormigonero, pero no puede colocar el hormigón. Necesitamos mayor flexibilidad en los contratos de trabajo para que la gente pueda hacer multitareas. Con eso podríamos lograr bajar los costos y, por ende, reducir el valor de los productos que vendemos.
Las AFP fueron autorizadas para invertir en activos alternativos, como los inmobiliarios. ¿Será un motor para las inversiones?
Hoy se están construyendo muchos edificios que serán totalmente orientados para renta, y eso es una tendencia que irá en aumento. Sin duda, las AFP se van a subir a ese carro.
¿Es una buena fórmula el Fondo de Infraestructura que esta semana despachó el Congreso?
Influirá positivamente. Según un estudio de la CChC, tenemos un déficit de US$ 150 mil millones en infraestructura, para eso hay que invertir del orden de US$ 15 mil millones anuales, y hoy estamos invirtiendo entre US$ 6.000 millones y US$ 7.000 millones. El fondo va a permitir desarrollar proyectos de más largo plazo y contribuirá a reducir ese déficit. Es una buena fórmula.
Foco en Perú y en Argentina
Echeverría Izquierdo también opera en Perú. ¿En ese mercado están las mejores oportunidades de inversión fuera de Chile?
Yo creo que sí. Vemos harto potencial en Perú, porque tiene muchas similitudes con Chile. Ahí tenemos cuatro proyectos de viviendas orientados al sector medio en Lima, uno de ellos será el edificio más alto de la ciudad, con 36 pisos. También operamos en el negocio de fundaciones profundas, donde estamos participando en la Línea 2 del Metro. Pero queremos crecer con otras áreas de negocios.
¿Tienen interés de ingresar a otro mercado? ¿Han explorado esa opción?
Chile es un mercado chico y tenemos que tener una presencia internacional importante. Estuvimos en Brasil y en Colombia, pero nos salimos de esos mercados, aunque no descartamos regresar a futuro. Hoy sí estamos mirando con mucho interés Argentina, a ver si se produce alguna oportunidad en los próximos meses. En Buenos Aires y en otras ciudades también. Actualmente, ahí tenemos una pequeña operación en edificación, pero estamos explorando en el área de fundaciones profundas y en infraestructura.
Con todo, ¿cuánto invertirán este 2018?
Alrededor de US$ 80 millones; de ello, el 85% irá al sector inmobiliario, que requiere mayor capital y, de ese monto, el 20% lo destinaremos a Perú.