Crear o establecer una instancia revisora sobre el sistema de otorgamiento de las pensiones de inutilidad de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Púbica, es uno de los principales cambios que está evaluando la comisión de trabajo conformada por los ministerios del Trabajo y Previsión Social, Defensa, Justicia y del Interior.
La instancia fue convocada hace poco más de 10 días por la Presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de entregar una propuesta en 45 días más y con ello se busca disminuir las distorsiones en el pago de este tipo de pensiones.
El anhelo no es menor, pues la meta final es llegar a homologar "en lo pertinente", los sistemas de pensiones del ámbito civil en materia de invalidez, con el modelo de jubilaciones de inutilidad (o invalidez) de ex uniformados, precisa la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara.
De hecho, ese será el único foco: "No estamos viendo el régimen general de pensiones de Fuerzas Armadas", aseveró.
En ello ya llevan algunas semanas de avance, al alero de la mesa de trabajo que a fines de junio conformaron los ministerios de Defensa y de Trabajo, creada tras conocerse las millonarias sumas de pensiones por inutilidad pagadas a ex uniformados y ex personal civil que, sin embargo, continúan ejerciendo labores profesionales.
Según Jeannette Jara, bajo el principio de igualdad de trato ante situaciones similares, "la comisión tiene que concluir en qué partes de estos sistemas (civil y uniformados) son compatibles y en qué otras la carrera militar y sus particularidades hacen que se justifique esta diferencia".
Revisión de diagnósticos
En tal escenario, explica, una medida fundamental es generar una instancia superior, autónoma e independiente técnicamente, que tenga la facultad de revisar los diagnósticos de las comisiones médicas de las ramas del Ejército que validan el otorgamiento de la inutilidad y que, hasta ahora, no pueden ser conocidos ni siquiera por la Contraloría General de la República.
Esto, siguiendo el ejemplo de las comisiones médicas que otorgan pensiones de invalidez por accidentes del trabajo, al alero de la Ley 16.744, y que son supervisadas por la Superintendencia de Seguridad Social; y las pensiones de invalidez, en el sistema privado de pensiones (AFP), bajo la vigilancia de la Superintendencia de Pensiones.
A la luz de esta realidad, "uno debiera pensar en un sistema que tuviera una comisión revisora externa, autónoma, y eso es lo que hemos estado proponiendo. También hay otros elementos, como la revisión posterior de las incapacidades", detalla la autoridad.
Autonomía: una necesidad
En el caso de las invalidades por ley de accidentes laborales, la revisión de la condición de mejora o empeoramiento de la invalidez, se hace cada dos años en un período de ocho años. Mientras que las pensiones de invalidez del sistema de AFP, se revisa cada tres años. "Si el sistema opera con autonomía e independencia técnica, los plazos (en las FF.AA.) debieran ser similares a los plazos civiles, pero el tema es que hoy se necesita la autonomía y, además, que haya un sistema en el cual tanto los pensionados en el sector civil como del militar tengan espacios comunes para el reconocimiento de sus situaciones previsionales", enfatiza la subsecretaria.
Otro tema importante, es el período post retiro de vejez, durante el cual un pensionado puede solicitar la inutilidad, que hoy se extiende hasta 10 años.
"Evidentemente hay una necesidad de disminuir ese plazo, pero eso no se ha acordado aún", dice la subsecretaria.
Un tercer aspecto clave, según Jara, es garantizar la certeza jurídica de los procedimientos aplicados y transparencia.
"Nuestros sistemas no pueden permitir espacios en los que se produzcan abusos", enfatiza la alta funcionaria del Estado.
