En enero entrará en vigencia la nueva Ficha de Protección Social, que busca caracterizar de mejor manera a la población que recibe beneficios del Estado, para evitar los fraudes que han quedado de manifiesto con el sistema actual.

Sin embargo, la vida de la nueva ficha sería de corta duración, ya que las dos candidatas a la presidencia han anunciado que introducirán modificaciones en el mecanismo de focalización.

"Queremos apartarnos de la Ficha de Protección Social. Creemos que durante mucho tiempo fue importante en Chile, pero a esta altura está ocasionando problemas", afirmó la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, quien participó el viernes en un debate radial.

Matthei criticó que, en el esquema vigente, las personas pierden beneficios al alcanzar un mayor nivel educacional.

Por su parte, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, anunció que en su "programa de gobierno está, como una de las 50 medidas para los primeros 100 días, el cambiar la Ficha de Protección Social".

A juicio de Bachelet, "el tema no es sólo si la ficha se aplica o no, lo que necesitamos es identificar una manera más justa sobre quiénes reciben beneficios".

A pesar de la intención expresada por ambas candidatas, desde el gobierno aseguraron que el cronograma de aplicación del nuevo instrumento que prepara el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) sigue intacto.

Precisaron que ya se ha reencuestado a más de la mitad de las 3.900.000 personas que tienen la ficha. Hasta ahora, recalcaron, los beneficios se continúan entregando bajo el sistema de cálculo de puntaje que data de 2007.

Recién en enero, acotaron, con la nueva metodología de cálculo se producirá una resstratificación, lo que derivará en eventuales cambios en la entrega de ayudas. A esto se sumará la nueva validación de datos, a través de un sistema integrado que tomará información, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos.

La nueva ficha incluye módulos de gastos, enfermedades y patrimonio, como casa, terreno y vehículos.

PROPUESTAS

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica y ex coordinador de la comisión presidencial que en 2010 elaboró un informe sobre la ficha, afirmó que la nueva administración podría revisar el modelo de cálculo.

El experto explicó que esa es la clave que determina cómo se ponderan los datos para llegar al índice de estratificación social, que determina la entrega de transferencias estatales.

Sin embargo, a su juicio, antes de tomar una decisión en esta materia se debería ver lo que hará este gobierno. "Según entiendo, se trabajó con gente transversal para generar un algoritmo, un nuevo modelo de estratificación de puntaje", añadió.

Irarrázaval propuso, además, una pérdida gradual de ayuda a medida que la situación de los beneficiados mejora, pues hoy si la gente progresa, se le castiga con el retiro total de las ayudas.

Mónica Titze, también ex integrante de la instancia de expertos, agregó que se debería avanzar hacia un modelo donde se reduzca el autorreporte, afirmando que "hoy existe una gran cantidad de bases de datos que facilitarían determinar quién debe recibir beneficios".

Irarrázaval añadió que el sistema actual mide la vulnerabilidad a través del capital humano. Entonces, "si antes la gente escondía el refrigerador, hoy subdeclaran su nivel educacional, o dicen que tienen un hogar monoparental para aparecer con una menor capacidad de generar ingreso".