La próxima visita de los máximos dirigentes de la FIFA a Brasil, prevista para marzo, estará marcada por las tensiones con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, a raíz de los desacuerdos que mantienen sobre varios aspectos relativos a la organización del Mundial de 2014.

Según informa el diario "O Estado de Sao Paulo", el punto que más divide las posiciones del gobierno y de la FIFA, referido a la responsabilidad civil del gobierno ante cualquier incidente que perjudique la exitosa realización del evento deportivo, está lejos de alcanzar un consenso.

Dicho ítem trabó el martes, por segunda vez en dos meses, la votación en el Congreso de la última versión del texto de la Ley General que regulará el Mundial, cuya aprobación urge a la FIFA.

Esa última versión, redactada por el diputado oficialista Vicente Cándido, establece que el gobierno se hace responsable por los daños ocasionados por "acción u omisión" y por fallas en la seguridad, pero, en este caso, sólo si la FIFA o la parte perjudicada no tuvieran ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.

Esa acotación atiende la posición que defiende Brasil pero contradice las intenciones de la FIFA, que pretende que el gobierno asuma totalmente la responsabilidad por cualquier daño, incluso por desastres naturales que puedan generar perjuicios durante el Mundial.

A ese respecto, el secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, llegó a manifestar que la concordancia del gobierno brasileño en ese punto es fundamental.

Sin embargo, la ministra de Relaciones Institucionales brasileña, Ideli Salvati, citada hoy por el rotativo, descartó de plano esa posibilidad: "Ni pensar. Eso es innegociable. No hay posible discusión".

Pese a los desacuerdos, existen otros aspectos en los que tanto el gobierno sudamericano como la FIFA estarían dispuestos a ceder.

Uno refiere a la autorización para consumir cerveza en los estadios durante los partidos, punto exigido por la FIFA como "innegociable", debido a que una de las patrocinadoras del Mundial es una marca de cerveza, pero que contradice disposiciones legales vigentes en Brasil que prohíben dicho consumo.