Una de las figuras más polémicas de nuestro sistema judicial es el de los "testigos sin rostro", que permite en casos vinculados a la ley antiterrorista proteger la identidad de quienes entreguen su testimonio.
Es una figura que se ha aplicado en países como Colombia o México, donde la violencia es casi parte del paisaje, pero ha enfrentado duras críticas. Sin ir más lejos, el ex ministro de la Suprema Corte del segundo país, Juventino Castro y Castro, lo definió como un "retorno a la justicia de los tiempos de la Inquisición".
En nuestro país, grupos vinculados a la defensa de los derechos humanos también se oponen a su aplicación, por ejemplo, en los casos contra los comuneros mapuches o en el llamado "Caso Bombas", en que la fiscalía acusa a un grupo de anarquistas de estar vinculados a actos de índole terrorista.
Ante ello, diputados de oposición, encabezados por el comunista Hugo Gutiérrez y el independiente Sergio Aguiló, presentaron dos proyectos de ley que buscan, por un lado, terminar con esta figura y, por otro, eliminar las restricciones para que los imputados obtengan la libertad provisional en la Corte de Apelaciones.
La abogada comunista Julia Urquieta explicó que "queremos terminar con los agentes encubiertos o testigos sin rostro porque la experiencia chilena ha demostrado, por lo ocurrido con el pueblo mapuche, que la figura no ayuda en nada y, por el contrario, genera muchos problemas porque nadie garantiza la imparcialidad de estos testigos y muchos incluso son pagados, como ha quedado demostrado más de una vez".
La profesional admite que "la discusión parlamentaria no será fácil", pues "ya el año pasado costó mucho avanzar en algunas modificaciones, porque la derecha se opone a cualquier tipo de modificación que tienda a flexibilizar la ley antiterrorista y la propia Concertación se ha sumado a eso".
Y es que, según explicó el diputado de la UDI Gustavo Hasbún, "cuando se trata de temas de seguridad nacional no es llegar y actuar a tontas y a locas. Hay que ser responsables y no tomar decisiones de la que nos tengamos que arrepentir después".
Eso sí, agregó que "es un tema abordable, discutible, porque siempre es importante saber quién es la persona que te está acusando, pero por otro lado también hay que garantizar la reserva de la identidad".
A su juicio, "se tiene que proteger a aquellas personas que hacen públicamente sus denuncias, pero también a quienes se han visto afectadas por estos actos terroristas, por lo que debemos ser muy cuidadosos para que no se generen problemas posteriores".
Hasbún reiteró que "me abro a la opción de discutir, pero no creo que sea la fórmula adecuada el llegar y eliminar una figura, sino que más bien debemos buscar perfeccionarla, porque si bien todas las personas tienen derechos en este país, también lo tienen las víctimas y debemos ser cuidadosos para no generarle un daño al país".
