SEÑOR DIRECTOR

El Proyecto de Educación Superior otorga al Estado la atribución de fijar los cupos en cada carrera e institución. Esto no responde a criterios de calidad y es cuestionable la capacidad del aparato estatal para definir el número de profesionales necesarios en cada área. Así, es evidente que la fijación de cupos responde a las restricciones presupuestarias del fisco: la gratuidad compromete importantes recursos públicos, y para mantener control sobre éstos es necesario intervenir la cantidad de estudiantes que ingresan a pregrado.

El gobierno estima que cuando la cobertura de gratuidad sea completa, la cantidad total de estudiantes será idéntica a la matrícula actual. Esto significa que el Estado la estancará deliberadamente de aquí al 2070, en perjuicio de los estudiantes más pobres. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Encuesta Casen, solo 29 de cada 100 estudiantes del 20% más pobre asiste a la educación superior (mientras en el 20% más rico asisten 59 de cada 100). Así, el sistema aún tiene capacidad de crecimiento, sobre todo entre los estudiantes más vulnerables. Limitar las vacantes los afectará negativamente.

El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la educación superior, descuidando la educación inicial y escolar, origen de las brechas. No hay motivos para pensar que la composición socioeconómica de la matrícula de pregrado vaya a cambiar sustancialmente: la población más rica seguirá asistiendo en masa a la educación superior (de forma gratuita, además), mientras los más pobres serán víctimas de la fijación de cupos y el estancamiento de la matrícula, perpetuando y profundizando la desigualdad de oportunidades, como consecuencia directa de la política de gratuidad.

Bárbara Manríquez

Investigadora de Acción Educar