Señor director
La discusión sobre cuál es la mejor forma de financiar la educación superior de los estudiantes sigue vigente, mientras se dan a conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia y se tramita en el Senado el proyecto de ley del gobierno, cuyo eje es la gratuidad universal. El alto costo de esa política, el carácter regresivo de su distribución y las restricciones que implica a la autonomía, diversidad y pleno desarrollo de las instituciones de educación superior son críticas que se han sostenido de manera transversal. En ese contexto y para asegurar que ningún joven quede fuera de la educación superior por motivos económicos, cobra fuerza la idea de un sistema de financiamiento que, a diferencia de la gratuidad universal, combine adecuadamente la responsabilidad fiscal con la mayor posibilidad de elección de los jóvenes y el máximo desarrollo de las instituciones. Un diseño óptimo debiese mantener una gratuidad focalizada en los estudiantes del 50% de menores ingresos y una combinación adecuada de becas y créditos subsidiados para los demás, reconociendo así tanto el valor social como el beneficio individual del paso por la educación superior.
La no discriminación arbitraria debe ser un elemento central de la política de financiamiento estudiantil. Salvo exigencias de calidad para las instituciones, el foco debe estar en el mérito y las características socioconómicas de los jóvenes más que en el tipo de institución por el que opten. En ese sentido, así como no se justifica darle gratuidad total a los más ricos en la universidad, tampoco hay razón para que ese segmento estudie absolutamente gratis en la educación técnica.
Raúl Figueroa Salas
Director Ejecutivo Acción Educar
