Señor director:
En los últimos días se ha debatido respecto del financiamiento y sustentabilidad de la política de gratuidad en la Educación Superior (ES). Se han presentado realidades financieras complejas, que afectan a un número significativo de universidades, tanto a algunas que pertenecen al Cruch como otras que no lo integran.
Ampliar oportunidades, eliminar barreras económicas de acceso y desarrollar políticas de inclusión para estudiantes con esfuerzo y talento académico es una prioridad. El tema de fondo del debate apunta a un elemento sustantivo y crucial de esta política: la relación entre gratuidad y calidad en el sistema de ES.
Los actuales aranceles regulados de las carreras no reflejan el costo de la docencia en las mejores universidades; es más alto por la mayor calificación de la planta docente, mejor infraestructura, laboratorios, bibliotecas, etc. Es imprescindible aumentar el aporte de gratuidad a las universidades de mayor calidad que en este momento están cofinanciando la gratuidad. En el caso de nuestra universidad, el 20% del costo de la gratuidad lo financia nuestra institución, lo que implica un déficit anual mayor a los $2.000 millones. No es razonable sugerir que este monto se cubra con los fondos basales de las universidades del Cruch, ya que éstos se deben orientar a generar bienes científicos y culturales al país, y no a cubrir eventuales déficit de la gratuidad.
Es perentorio incrementar los aranceles regulados en esta política de gratuidad para que sea sustentable en el tiempo. Considerar la calidad de la institución, su aporte a la investigación y los costos que implica entregar una formación de nivel internacional, es de la mayor importancia para potenciar la ES del país.
Ignacio Sánchez D.
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile