Un grupo de depositantes de Financoop, cuyos ahorros por $ 2.000 millones permanecen en el "corralito" de la cooperativa, activarán desde hoy una serie de acciones legales para perseguir responsabilidades por la situación de la firma, la que podría ser disuelta a solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la Subsecretaría de Economía.

Entre ellas la presentación, en un plazo de 10 días, de una querella contra el ex ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y los funcionarios del Departamento de Cooperativas (Decoop) que participaron de la conversaciones previas a que se conociera públicamente el daño patrimonial de la firma. "Es impresentable que la autoridad, conociendo el problema, entre en negociaciones a puerta cerrada, cuando lo que debió hacer era hacerlo público. La subsecretaria, Natalia Peiergentilli, el jefe del Decoop y el ex ministro de Economía deben dar explicaciones", dice el abogado de los acreedores, Tomás Fabres.

"Si es cierto lo que dijo la subsecretaria y la firma entregó estados financieros falsos, la pifia de la autoridad no tiene perdón, porque la gente confía en ellos. La fiscalización ha sido deficiente si la cooperativa ha sido capaz de presentar, durante tanto tiempo, estados financieros falsos, si es que esto se comprueba", acota.

Precautorias

En tal línea, solicitarán esta semana el alzamiento de las medidas precautorias que impiden el retiro de sus dineros, ya que a juicio de los 20 acreedores que representan -entre ellos socios con depósitos entre $ 700 mil y $ 140 millones, -"aquí hay una infracción detectada por Economía y una reacción destemplada para lo que constituye a lo menos un incumplimiento muy serio del deber del ministerio de velar por la sostenibilidad de una cooperativa", explica el abogado. "La cooperativa recauda $ 1.500 millones mensuales y esa plata queda en caja, no se puede invertir, mientras los depósitos siguen devengando intereses, por lo que todos los días la situación patrimonial de Financoop es peor. Cada día los depositantes van a recibir menos dinero, por la desmesura del CDE y por la ignorancia de la autoridad del efecto económico que tienen. No nos oponemos al ingreso de nuevos socios, ni a que entre el interventor, ni que se paguen las cuentas, pero sí nos oponemos a que no se devuelvan los depósitos a los ahorrantes, cuando ya han vencido", dice.

El abogado también solicitará esta semana la remoción del interventor, porque estima que "carece de las competencias y superó el límite de sus facultades". Asegura además que si no se acoge la reorganización solicitada por Financoop, pedirán la liquidación forzosa de la firma. "No vamos a esperar dos años el juicio del CDE por la disolución, porque si esto termina, debe ser pronto", sostuvo.