Fiscal cierra investigación por red de prostitución en Valparaíso

A más de un año de conocidos los hechos, el fiscal Pablo Avendaño cerró esta mañana la indagatoria por el caso de la red de prostitución infantil detectada en Valparaíso y donde se vinculó a afectivos de la Policía de Investigaciones.

Así se estableció en una audiencia pública realizada en el Tribunal de Garantía de la capital porteña, instancia judicial en la que el fiscal Bravo manifestó que la investigación finalmente se cerró con antecedentes reunidos en 27 tomos.

En el caso se encuentran formalizados por los delitos de facilitación a la prostitución infantil y por negarse a prestar protección a las víctimas, los funcionarios activos de la PDI  Alejandro Puga, Sergio Jarpa, Edgardo Uribe, Jorge Gallardo, Claudio Cortés, Héctor Hernández, Gonzalo Torca y Alberto Olivares.

También afrontan estos cargos los ex detectives Jimmy Gutiérrez y Héctor Guzmán. Esta causa tiene  un total de 11 personas formalizadas, pero el fiscal optó por separar las investigaciones respecto del abogado Ricardo Bravo para ser presentado como testigo en el juicio oral.

A partir de hoy, el Ministerio Público contará con 10 días para presentar la acusación y llevar a juicio oral  a los imputados. Con posterioridad el tribunal fijará una audiencia para debatir la presentación de pruebas documentales y testigos que presentará la fiscalía y las defensas de los implicados.

DENUNCIA
El caso salió a la luz pública luego que un programa de televisión investigara las denuncias que indicaban que un grupo de unos 15 detectives habría sido parte de la clientela del Hotel Louisiana y el Cabaret Pandemónium, donde se utilizaban a niñas que prestaban servicios sexuales, y de una red de protección en torno al proxeneta Carlos Parra Ruz, alias "Charly".

Tras el reportaje, y mediante una investigación interna, la PDI decidió suspender a seis de sus miembros: los subcomisarios Jorge Gallardo, Sergio Jarpa y Claudio Cortés; al asistente policial Edgardo Uribe, y a los inspectores Hernán Hernández y Alejandro Puga.

Héctor Guzmán, quien en marzo de 2009 fue dado de baja de la PDI, huyó posteriormente a Argentina, donde el 16 de ese año se presentó a las oficinas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), solicitando asilo, después de que el fiscal Juan Pablo Avendaño, anunciara con 20 días de antelación que iba a formalizar acusaciones a los seis detectives.