El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, esclareció esta mañana que con respecto a la investigación de los hechos acontecidos en la mina San José, no se solicitó el arraigo nacional de los dueños del yacimiento, sino que se pediría una audiencia de formalización, lo que eventualmente puede llevar a ese tipo de medidas cautelares.

"Nosotros no hemos solicitado el arraigo nacional, lo que yo manifesté en su oportunidad que íbamos a solicitar la audiencia de formalización, una vez formalizado allí se solicitan las medidas cautelares, dentro de las cuales se me consultó qué medidas podían solicitarse, señalé que a lo menos la de arraigo nacional, con la finalidad de asegurar la comparecencia de los imputados, que en la regla general es la petición de medidas cautelares", indicó el abogado en entrevista con radio Cooperativa.

Agregando que "existen los fundamentos necesarios para solicitar la audiencia de formalización e imputar ahí una responsabilidad" a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. "La audiencia de formalización dice relación con las lesiones graves y gravísimas que afectaron al minero Gino Cortés. Es lo que nosotros vamos a realizar en esta primera instancia", precisó.

El fiscal de Atacama explicó que lo que por ahora no se realizará "ninguna gestión judicial (con respecto a los mineros atrapados). Respecto al delito contra las personas, aparentemente los mineros se encuentran en buen estado de salud, por lo tanto, no habrían lesiones, según documentan las autoridades que están a cargo del rescate".

También señaló que lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mina y su reapertura, "nosotros seguimos investigando y recopilando informaciones y antecedentes, a fin de llegar a establecer la existencia de algún hecho delictivo. Como han sido denunciados por lo además, y se han querellado también abogados particulares. Por lo tanto, tenemos que cerciorarnos que efectivamente se cometió o no cometió algún hecho ilícito, ya no en contra de las personas sino que de carácter funcionario".

Aunque indicó que "la prisión preventiva (a los dueños de minera San Esteban) es un tema que por ahora no lo tenemos resuelto".

Con respecto a las indagaciones de esta investigación, Mella señaló que la falta de seguridad en la mina es un "facto importante" que da cuenta de "una situación que no es del todo regular. Por lo tanto, es lo que nos anima a poder esclarecer los hechos y ajustarnos lo más posible a la verdad".

"Se hizo una denuncia que decía relación con un homicidio frustrado y eventualmente delitos de cohecho. Y posteriormente otra querella por el delito de prevaricación, que se´ria en contra de los dueños de la mina y algún funcionario no determinado de Sernageomin".