El fiscal jefe de delitos económicos de la Fiscalía de Las Condes, Roberto Contreras, será el encargado de liderar las pesquisas por el presunto espionaje informático que denunció la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex), a través de una querella presentada la semana pasada.
El anuncio lo realizó el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, quien ayer indicó que esta acción legal "ya la hemos conocido informalmente por medio del abogado querellante y será encargada al mismo equipo que ha trabajado la causa de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), es decir, los fiscales Lorena Parra y Roberto Contreras".
Desde el Ministerio Público se indicó que el nombramiento se realizó luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago remitiera los antecedentes que se encontraban en la querella de Asoex. Añadieron que si bien la causa fue asignada en específico a Contreras, su superior Lorena Parra (fiscal jefa de Las Condes) también estará al tanto de las pesquisas que se desarrollen.
En la querella, los exportadores denuncian que un trabajador de la empresa Fresh del Monte -asociada al gremio- accedió a información confidencial del gremio y luego la entregó a la empresa In-Globo, que no forma parte de Asoex. Este traspaso de información se habría extendido por, a lo menos, cuatro años.
Se espera que la próxima semana Contreras mantenga una reunión con los representantes de Asoex. En esta cita, los exportadores entregarán al persecutor mayores detalles de los hechos que fueron enunciados en la querella, como por ejemplo los avances que ha logrado la investigación interna de la asociación.
Con estos antecedentes en la mano, el Ministerio Público deberá decidir los pasos a seguir. Fuentes judiciales señalan que una de las opciones que tiene mayor posibilidad de concretarse es que se le dé curso a las peticiones que realizó el abogado querellante, Matías Balmaceda.En la acción legal, los exportadores solicitaron tomar declaración a Manuel Barrios Núñez, quien es el funcionario de las operaciones informáticas de Asoex. El documento añade que "se despache orden de investigar, tan amplia como sea necesario, a través de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile de la Bridec o Cibercrimen, para efectos de clarificar y ratificar los hechos expuestos en la querella criminal".
Otra de las tareas que deberá analizar el fiscal es la figura penal bajo la cual se enmarcarán los hechos denunciados. Fuentes judiciales aseguran que podría ser interceptación de comunicaciones privadas, así como violación de secretos industriales.
Sofofa: informes verbales
El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, también se refirió ayer a la investigación que su repartición ha desarrollado en torno al presunto espionaje que afectó a la Sofofa.
"Hemos tomado declaraciones, se encuentran pendientes algunos peritajes que tienen que ser evacuados por la PDI, a fin de establecer ciertas conclusiones que nos permitan tener mayor claridad de los hechos (...) Nuestra intención es tener resuelto a la brevedad lo que ocurrió en ese caso", señaló el persecutor.
Guerra dijo que la información de la PDI ha sido de carácter verbal y que esperarán los informes escritos.
Respecto de la situación de Rubén Aros, el ex carabinero que descubrió los micrófonos en Sofofa, el fiscal explicó que se le tomó declaración como imputado "por el posible uso o no de la información que se capte de él, si es que el día de mañana tiene alguna responsabilidad en el hecho".
