La noche del 13 de octubre de 2010, Luis Urzúa, jefe de turno de los mineros atrapados en la mina San José, de la III Región, salió de la cápsula Fénix 2, convirtiéndose en el último de los 33 trabajadores en ser rescatado.
Poco después, el conducto por el que ingresó la cápsula fue sellado y nadie volvió a ingresar al yacimiento. El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, se refirió ayer a la decisión de no perseverar en la investigación y dar por terminada la indagación sin acusados. Este anuncio -que generó reacciones en medios internacionales- provocó molestia entre los mineros rescatados, quienes manifestaron sus críticas a las indagaciones desarrolladas.
Entre los argumentos esgrimidos por Mella estuvo que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, no podía ir al lugar a constatar cuál había sido la causa, después de ocurrido el hecho, para tener certeza, esto es en materia penal".
"El elemento base, el porqué se produce el desplome, no tenemos esa certeza", enfatizó.
Sobre los testimonios de los mineros en torno a que hubo ruidos que pudieron alertar del peligro, manifestó que no hay certeza de que "pudo haber habido ruidos que generaron esta mole".
"No estoy en condiciones de desestimar o confirmar lo que los mineros decían respecto de indicios de que el yacimiento presentaba problemas", añadió el fiscal.
Al respecto, el abogado Matías Insunza, representante de los dueños de la minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, sostuvo que "estamos convencidos de que el derrumbe fue por el movimiento de la piedra (...) más dura que hay en mineral y nadie pensó que se pudiera mover". Añadió que "la fiscalía hizo una investigación de tres años y se estableció que ninguna acción u omisión (de mis clientes) tuvo relación con el accidente".
ACCIONES CIVILES
Fuertes reacciones generó ayer la decisión de la fiscalía de no perseverar en la indagación por el derrumbe. El minero Luis Urzúa, considerado como el líder del grupo que estuvo atrapado por 69 días a casi 700 metros de profundidad, afirmó que no compartía la decisión del fiscal Mella y señaló que van a continuar con la demanda contra el Estado, que presentaron 31 de los 33 hombres.
En la acción legal, los trabajadores piden $ 250 millones para cada uno de los demandantes, por daños morales y faltas de servicio. Al respecto, Urzúa sostuvo que esta acción legal "va en su cauce normal, es una vía diferente a la decisión que tomó el fiscal Mella".
Mientras, el minero Mario Sepúlveda, quien actualmente trabaja en una faena de construcción en Santiago, indicó que no compartía la decisión del Ministerio Público, y que "cuando me preguntan si quiero indemnización, no me importa, lo que quiero es justicia. Que dé un ejemplo de que al obrero chileno se lo tiene que respetar".
Por otra parte, el trabajador Esteban Rojas, otro de los rescatados, señaló que "de que hay culpables, hay culpables. Yo creo que debería ser culpada Sernageomin por no fiscalizar como corresponde, y también la gente de la empresa, que estaban al tanto de cómo estaba operando la mina".
En este mismo sentido, el minero Daniel Herrera indicó que "en todo accidente tiene que haber un culpable y es raro que aquí no lo hayan encontrado".
La determinación de la fiscalía también fue comentada ayer por el entonces ministro de Minería Laurence Golborne, quien indicó que "considero lamentable la decisión de no perseverar en las acciones penales contra los responsables de este accidente".
