Gran revuelo ha causado el último tiempo la gran reforma que se quiere implementar en la educación chilena, sobre todo por los cambios que se quieren hacer para garantizar mayor calidad y cobertura.
De esta forma, punto importante ha sido el nexo que podría existir entre educación y negocios. Diferentes sectores han iniciado investigaciones para sacar a la luz los casos de lucro y a partir de ellas se conocieron situaciones como las ocurridas en universidades controladas por el Grupo Laureate.
En ese sentido, la última semana se conoció el hecho de que 9 de las 12 investigaciones por lucro que llevaba adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente fueron archivadas, lo que podría suponer que a pesar de los esfuerzos poco se ha avanzado, pero en concreto, el problema no sería la falta de pesquisas para acreditar las irregularidades.
Para aclarar las dudas que surgen en torno a dichas indagatorias, quien ha estado a cargo de llevarlas adelante, el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Carlos Gajardo, deja en evidencia que en el país "hasta la fecha no hay un delito que sancione como delito, el que se lucre en una institución de educación superior".
En conversación con La Tercera, el persecutor detalló que "efectivamente existe un proyecto en el Parlamento destinado a sancionar dichas conductas", pero que por el momento, frente a los hechos denunciados, no es posible establecer sanciones.
"Si ese proyecto de Ley llega a convertirse en Ley, en el futuro la existencia de un posible lucro en la educación podría ser investigado, pero sólo a partir de la fecha en que esa Ley sea publicada en el Diario Oficial y sólo a partir de los hechos que ocurran posteriores a la publicación de la Ley", aclaró Gajardo a La Tercera.
Así, si se llegase a comprobar que hubo lucro en casas de estudio que fueron denunciadas antes de que la ley entrara en vigencia, tampoco podrían ser sancionadas, ya que la normativa no es retroactiva.
Se podrán iniciar investigaciones por hechos ocurridos tras la publicación de la Ley o de oficio.
