Los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, se fijaron un plazo de 48 horas para tomar la decisión que definiría su futuro en el Ministerio Público. El miércoles pasado se reunieron con su jefe, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y le plantearon su molestia con la decisión de suspender condicionalmente el proceso contra el senador UDI Iván Moreira, a cambio de un pago de $ 35 millones. En la misma instancia le dijeron a Guerra que el viernes le informarían si renunciaban o no a sus cargos de funcionarios públicos.
Así, ayer llegaron hasta la oficina de su jefe en la Las Condes a comunicarle su decisión de irse de la fiscalía.
"Nosotros hemos tenido reuniones previas y esta era una posibilidad", dijo Guerra tras recibir la noticia.
Luego, Gajardo y Norambuena se dirigieron a las dependencias de la Fiscalía Nacional, en el centro de Santiago, a entregarle su carta de renuncia a su máxima autoridad, Jorge Abbott, quien se encontraba en Aysén. Sus salidas se harán efectivas el 31 de marzo.
En la misiva criticaron las suspensiones condicionales que se acordaron en los casos de financiamiento de la política Penta y SQM, calificándolos como los hechos "más graves que ha conocido nuestra institución (...) y que significarán la inexistencia de reproche penal para dichas conductas".
También calificaron como un error que el Ministerio Público no trate de obtener una condena "que evite la impunidad para hechos que causan un daño a la democracia", porque eso afecta la confianza de la ciudadanía.
De esta forma, dijeron en la misiva que "nos transformamos en fiscales incómodos a quienes se les marginó progresivamente de las causas que llevábamos".
Luego, Gajardo enfatizó a La Tercera que "tenemos un divorcio importante con la postura que han tenido las máximas autoridades de la fiscalía, que nos ha llevado a tener que reconocer esta derrota interna y dar un paso al costado de la institución".
En tanto, Norambuena aseguró que "es necesario perseguir este tipo de conductas, buscar una sanción penal, y en eso siempre hemos tenido el respaldo total a las tesis que hemos presentado en los tribunales (...), pero hoy observamos un cambio en la fiscalía que no concordamos".
Indicó, además, que con su salida buscan dar una señal de coherencia con lo que han hecho durante su labor como fiscales especializados en delitos económicos y de corrupción.
Asimismo, advirtió un "efecto dominó" con el resto de los imputados, que podrían pedir también que se les aplique el mismo estándar que al senador Moreira. "Puede suceder que otros imputados se sientan en la misma posición y la persona que tiene la decisión tendrá que adoptar los caminos procesales respectivos", dijo.
Al respecto, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, indicó que "hay otros imputados a quienes se les solicitó penas bastante superiores y no están en condiciones de llegar a salidas alternativas, lo de Moreira es respecto de Moreira".
Sin embargo, dijo que "podríamos empezar a ver situaciones parecidas y estudiar qué hacemos con personas que tengan la misma imputación que Moreira".
Los pasos que vienen
Quedaron dos puestos vacíos en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente: el de Gajardo, que era el jefe, y Norambuena, su subalterno. Tal como dice el cargo, se dedicaban a investigar los casos más complejos que llegaban a la institución, en su mayoría relacionados con delitos económicos y corrupción.
Por ello, ayer en la tarde se realizó una reunión entre Guerra y el resto de los jefes de las fiscales de la zona Oriente. Según trascendió, el persecutor jefe de Ñuñoa, Felipe Sepúlveda, y el fiscal jefe de Peñalolén y Macul, Miguel Ángel Orellana, estarían entre los nombres posibles para suceder de Gajardo en la Fiscalía de Alta Complejidad.
Otra decisión que deberá tomar Guerra es quién lo apoyará en el caso Penta, investigación que tiene a cargo desde noviembre de 2015. En lo inmediato, él se mantendrá al mando y luego verá quién se incorporará.
Un tema aún pendiente es la declaración que Gajardo y Norambuena deberán entregar a su ex jefe, luego de que el tribunal accediera a la petición de la defensa de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Se busca que ambos fiscales den su testimonio respecto a un supuesto acuerdo al que llegaron con Délano y Lavín y que, según su defensa, los persecutores no respetaron. De acuerdo con los dueños de Penta, prestaron una declaración autoincriminatoria porque les habían prometido un procedimiento abreviado.
En tanto, ayer en la Asociación Nacional de Fiscales, a través de un comunicado, lamentaron la salida de los fiscales y señalaron que la suspensión condicional de Moreira "deja al descubierto la incoherencia de nuestro sistema penal, que admite posibilidades que producen una justificada molestia en la ciudadanía".
Apoyo en redes sociales
Diversos reconocimientos tuvo la labor de los fiscales en las redes sociales. "Todo mi respaldo a la decisión de los fiscales Gajardo y Norambuena. La impunidad procesal que se ha impuesto como criterio al no perseguir delitos de corrupción por parte del Ministerio Público es inaceptable", indicó en Twitter el diputado Gabriel Boric.
En tanto, el diputado René Saffirio escribió en esta red social que "el Ministerio Público no puede abdicar de obligación de hacer efectiva responsabilidad penal de imputados dependiendo del poder o la función que cumplan".