El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, anunció hoy que se pondrá al frente de manera directa del caso por la desaparición y posible matanza de 43 estudiantes en el sur de México, al tiempo que el gobierno reforzará la seguridad con militares y gendarmes.

"Debe quedar bien claro que no habrá impunidad y que este tipo de cosas no puede volver a repetirse", dijo Murillo Karam, después de que el presidente Enrique Peña Nieto calificara de "indignantes, dolorosos e inaceptables" los hechos ocurridos en la localidad de Iguala.

El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, dio a conocer en una entrevista de radio que las autoridades federales enviarán más efectivos del Ejército, así como integrantes de la nueva gendarmería nacional a la región para vigilar el área. 

Aunque oficialmente no se ha confirmado la muerte de los estudiantes, el gobernador dijo hoy que algunos fueron matados a golpes y otros fueron calcinados "después de que los ejecutaron", pero indicó que aún debe verificarse la identidad.

Hasta ahora se desconocen las causas y se presume que los jóvenes podrían haber sido asesinados porque dos sicarios confesaron haber matado a 17 y el fin de semana se encontraron fosas clandestinas con 28 cuerpos. 

Los estudiantes desaparecidos pertenecen a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros de educación primaria que está ubicada en una zona de escasos recursos en el estado de Guerrero.

Los alumnos habían ido a Iguala para recolectar fondos y pretendían trasladarse hacia Chilpancingo, capital del estado, cuando fueron interceptados y atacados por los policías el 26 de septiembre. 

Policías municipales y miembros del cártel de los Guerreros Unidos son señalados como los responsables de la desaparición, así como del asesinato de seis personas, entre ellas tres estudiantes, en ataques a tiros.

En el centro de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, apareció hoy una manta con un mensaje firmado supuestamente por los Guerreros Unidos, en los que se exige la liberación de los 22 policías que están detenidos por este caso.

La organización da en ese mensaje un plazo de 24 horas para que se cumpla su exigencia y advierte que de lo contrario empezará a dar a conocer los nombres de los funcionarios que apoyaban al cártel.

"Ya empezó la guerra", dice el texto, reproducido por medios locales.

Al respecto, Murillo Karam advirtió que las autoridades no se dejarán amedrentar. 

"Una amenaza de esas solamente servirá para ser mucho más contundentes en su persecución", dijo el procurador general, que tiene previsto trasladarse a la zona en las próximos días.

Murillo Karam indicó que se está trabajando para identificar a las víctimas y se negó a "especular" sobre los posibles móviles. 

En un hecho inusual, Peña Nieto convocó a la prensa al Palacio Nacional para referirse de manera exclusiva a este caso y anunciar una investigación "profunda".

"Me encuentro profundamente indignado y consternado", dijo el presidente. "La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes lamentablemente que se encuentran desaparecidos demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó también "extraordinaria preocupación" por este caso.

El secretario ejecutivo del organismo con sede en Washington, Emilo Álvarez Icaza, afirmó que está en juego el "prestigio" de México en cuanto a su compromiso con el respeto de los derechos humanos. 

"Ojalá este caso signifique un quiebre en términos de cambiar una tendencia de que hay cosas que no se están resolviendo en México y están llegando a las instancias internacionales", afirmó.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y el que registra la mayor tasa de homicidios dolosos.