La Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó hoy la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se celebró el domingo por ser una "ambición dictatorial" del chavismo gobernante desde 1999 y del jefe de Estado, Nicolás Maduro, principal impulsor del mecanismo.
"Me dirijo al país para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial", dijo ante periodistas la fiscal, convertida en los últimos meses en una de las voces más críticas contra el Gobierno.
"Esto es una burla al pueblo y a su soberanía", agregó la funcionaria.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que 8.089.320 venezolanos participaron en los comicios de ayer, en los que no participó la oposición tras considerarlos un intento de Maduro por "consolidar una dictadura".
Ortega dijo hoy estar "absolutamente segura" de que esa cifra no es real y, en cambio, responde a una "viciada elección" hecha "para el beneficio del gobierno, para mantenerse (el chavismo) en el poder".
"Se va a acabar la libertad de expresión que ya está bien golpeada, el derecho a manifestar pacíficamente, públicamente. Todos los derechos políticos están en peligro, estamos frente a una ambición dictatorial" prosiguió tras reiterar la "ilegitimidad" de la votación.
La jurista aseguró que una vez conformada la ANC habrá "un poder absoluto en manos de una minoría (...) que acabará definitivamente con el derecho del sufragio; no hay más elecciones, perpetuidad en el poder de ese grupito, no va a haber separación de poderes".
Recordó que el país caribeño llega a este escenario en medio de "la más cruenta crisis que hayamos padecido" caracterizada por "un indetenible proceso de devaluación de la moneda, una gigantesca deuda externa y la destrucción del aparato productivo nacional".
Asimismo, cree que la propuesta de Maduro de cambiar la constitución ha incrementado la ola de protestas que inició en el país el pasado 1 de abril, "así como represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado" a las manifestaciones.
Frente a las expresas intenciones del Gobierno de sacarla del Ministerio Público mediante decisión de la ANC subrayó que no abandonará su cargo de fiscal general y que se apegará el artículo 333 de la Carta Magna que obliga a los ciudadanos a "colaborar en el restablecimiento" de la vigencia del ordenamiento jurídico.
La fiscal acusa al Ejecutivo y al Tribunal Supremo de haber roto el hilo constitucional por lo que ha dicho que desconocerá sus decisiones.
Numerosos gobiernos también han rechazado el resultado de la Constituyente entre otras razones por no incluir un referendo previo como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual constitución.
