El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, explicó las razones para pedir la suspensión condicional del proceso contra SQM en la causa por cohecho, medida que ha generado críticas incluso del Consejo de Defensa del Estado.
En conversación con radio Duna, el persecutor sostuvo que "llevamos tres años en esta investigación, no es una decisión que se esté tomando en los albores de la investigación, se está tomando al término de la misma".
En esta línea, enfatizó que como Fiscalía deben respetar "la igualdad ante la ley (...) nadie puede tener privilegios ni perjuicios en la aplicación de la ley".
En este contexto, Gómez explicó que el Ministerio Público aún no cuenta con una condena por cohecho. "Hay que demostrar que el delito existió y que ese delito se haya cometido porque la propia empresa incumplió el deber de supervisión y prevención.
En este sentido, el fiscal indicó que "nos damos cuenta que la empresa contaba con un modelo de prevención, estimamos que en algunas partes es un modelo ineficiente pero la ley a nosotros nos pone un estándar (...) la ley nos dice cuándo va a existir un modelo de prevención y qué características tiene que tener para que ese modelo sea idóneo. Fija los lineamientos completos de un modelo de prevención, y ese modelo de prevención como lo señala la ley, está en la empresa SQM".
"¿Era ineficiente respecto del centro de costos de Patricio Contesse? Sí, nosotros sostenemos que es ineficiente", dijo el fiscal. Sin embargo, acotó que esa "ineficiencia" no les permite sostener una acusación contra la empresa. "Creemos que puede generarnos un problema en el juicio oral porque la defensa tiene mucho donde sostener que el modelo de prevención, contando cada uno de los requisitos que establece la norma... se nos torna una debilidad en el caso".
"Si nosotros pudiéramos sortear ambas circunstancias, es decir tuviéramos acreditado el delito de cohecho y logramos persuadir al tribunal que la ineficiencia del modelo la hace inaplicable y por tanto, incumple con la norma, estaríamos enfrentando un horizonte punitivo que es muy menor", detalló Gómez.
Según el persecutor, las penas de multa que contempla la ley van de los 9 a los 900 millones de pesos, y para el delito de cohecho el tope de las penas que contempla la ley es de $450 millones.
De esta manera, en la propuesta de la Fiscalía "nosotros estamos pensando en primer lugar que se pierda el total de los beneficios fiscales, que son cerca de $1.500 millones, y que se los entreguen a beneficencia que tenga trascendencia social. Estamos pretendiendo realmente ayudar a personas en forma seria".
"Por otro lado, le estamos diciendo a la empresa que no pague el tope de $450 millones sino que pague el tope de $900 millones que establece la ley como máximo de multa, eso va a ser a beneficio fiscal". Esto, a cambio de que la minera no sea condenada por la causa.
"Nosotros podríamos obtener 2.600 millones de pesos siendo que en un juicio se obtendrían $470 millones en su máximo", culminó Gómez.
