Una relevante diligencia realizó el miércoles pasado el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en el marco de la investigación por el millonario fraude al interior de Carabineros.
Se trata del interrogatorio en calidad de testigo de la máxima autoridad de la policía uniformada, el general director Bruno Villalobos.
Fuentes conocedoras de la diligencia indicaron que prestó testimonio en esa calidad, porque en esta arista no existen antecedentes que hagan presumir que tenía conocimiento previo de los hechos que investiga el equipo que lidera Campos. Este interrogatorio se desarrolló pocas horas antes de que el persecutor se trasladara al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a tomar declaración en la misma calidad a la ex ministra Javiera Blanco (ver nota secundaria).
La diligencia, que duró cerca de tres horas, habría girado en torno a cómo se enteró de la situación ocurrida en el Departamento de Finanzas, su relación con el general (R) Flavio Echeverría, a quien él ratificó como jefe de esa unidad al asumir el alto mando. También los reportes del sumario y las medidas adoptadas por la institución, y si antes en su calidad de jefe de Inteligencia alguna vez tuvo un reporte de lo que sucedía en el escalafón de Intendencia.
Sobre la diligencia, Carabineros declinó referirse al tema.
Gastos reservados
Otra de las aristas relacionadas con el uso de fondos en la institución apuntan al presunto pago de "sobresueldos" en base a los gastos reservados que anualmente Hacienda entrega a la policía uniformada. Esto, luego de que el general (R) Echeverría y el coronel (R) Jaime Paz, ambos imputados y en prisión preventiva, entregaron una serie de listas con nombres de altos oficiales y montos asociados de manera mensual.
Una de éstas, que está en manos del Ministerio Público y que es indagada por la Fiscalía Centro Norte, corresponde a febrero de 2007, en la que aparecen como receptores de los fondos la ex subsecretaria de Carabineros y actual consejera del CDE, Javiera Blanco, y los ex generales directores de la institución Gustavo González y Eduardo Gordon.
El coronel (R) Marcelo Zúñiga Bestard, quien figura firmando dicha nómina, señaló ayer a The Clinic que "ese documento no lo elaboré yo".
La Tercera también tuvo acceso a otra de las planillas con la distribución de los gastos reservados, esta vez, correspondientes a diciembre de 2010. En esta nómina -no oficial- aparece el nombre Bruno Villalobos, quien entonces era general de la Dirección de Inteligencia de la policía uniformada (Dipolcar). Desde Carabineros reiteraron la respuesta publicada ayer, donde señalaron que "no es un documento oficial de Carabineros" y que desconocen su origen.
El alto oficial no ha sido interrogado por esta indagatoria y la fiscal a cargo del caso, Macarena Cañas, deberá determinar la veracidad de los antecedentes que habrían llegado ayer a sus manos. Si Blanco o Villalobos declararán por esta arista, eso aún no está definido.
Uno de los puntos que se están indagando es que la repartición de estos dinero habrían sido definidos por los generales directores correspondientes. Además, este dinero supuestamente se habría entregado en efectivo por medio de sobres.
Solicitud
La comisión investigadora del fraude al interior de la institución uniformada de la Cámara de Diputados también intentará aclarar el destino de estos gastos.
Las dudas de la instancia parlamentaria surgieron luego de que La Tercera revelara que la fiscalía está indagando una serie de planillas con sobresueldos. Es por esto que oficiarán a Villalobos, para que informe sobre el uso que la institución les ha dado, entre 2007 y 2017, a los gastos reservados.
Su presidente, el diputado Jaime Pilowsky (DC), manifestó que "propondré a la comisión oficiar al general director para que nos envié antecedentes sobre la utilización de los gastos reservados. El mandato de la comisión es bastante amplio: indagar y reunir información sobre las irregularidades en la gestión y administración financiera que se han producido en Carabineros de Chile, por lo que no está limitada al tema de las remuneraciones".
Además, su par Leonardo Soto (PS), dijo que "se le va a solicitar, a partir de los antecedentes que se están conociendo y que indican que podría haber una ilegal utilización de los gastos reservados".
En esa misma línea, la diputada RN, Marcela Sabat, señaló que "es importante que Carabineros nos advierta a dónde iban a parar estos recursos y así verificar la veracidad de las planillas. Si altos mandos estaban en conocimiento, deben dar un paso al costado".
La parlamentaria, también se encuentra estudiando la posibilidad de presentar una querella contra quienes resulten responsables en el delito de malversación de caudales públicos a través de los gastos reservados.
Por su parte, el diputado Sergio Espejo (DC), indicó que "se le consultara por los gastos reservados de todas maneras. La única forma de proteger a los 60 mil hombres de Carabineros es aclarar a la brevedad esta situación". En tanto, Gustavo Hasbún (UDI) "creo que es razonable que se pida un oficio, creo que la información tiene que entregarse y ser de público conocimiento".
