El fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, replicó el mismo equipo que trabaja en el caso La Polar para la investigación penal del caso cascadas: dos fiscales; dos abogados asistentes, y asesores y analistas de la Fiscalía Nacional. Son causas similares, porque se investigan infracciones a la Ley de Mercado de Valores, hay una investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y hay grandes cantidades de dinero involucradas. "Pero si se va al fondo del asunto, son casos completamente diferentes respecto de las formas de operar", dice José Morales. Hay otra diferencia: en La Polar, los alcances del caso están delimitados. "En el caso cascadas, no tenemos dimensiones absolutas de todo lo que ha ocurrido ahí", compara Morales.

También y a diferencia de La Polar, el Censo 2012 y la colusión en las farmacias (ver recuadro), en este caso es difícil que haya incautaciones de equipos computacionales, debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos (entre 2009 y 2011).

Morales se enfrentó hace una semana al titular de la SVS, Fernando Coloma, quien se negó a entregarle la formulación de cargos que la SVS notificó el 6 de septiembre a cuatro ejecutivos -Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica-, por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores, por operaciones bursátiles con las sociedades controladoras de SQM. Morales ganó la disputa en la Corte de Apelaciones. "Esto no se trata de algo personal ni de la intención de la SVS de perjudicar nuestra investigación", dice Morales. "La relación debe continuar como siempre, dentro de los ámbitos institucionales", agrega.

¿Cuál es la mayor dificultad para investigar los casos económicos?

Varias. Los altos volúmenes de información que llegan a la fiscalía; la escasa cantidad de equipos periciales que tienen las policías para afrontar delitos de esa naturaleza, las debilidades del aparato público. Y esto se confronta con la gran capacidad de los estudios privados para tener una dotación de peritos de prueba muy superiores a los del aparato público.

¿Se ha reunido con abogados de las personas a quienes la SVS formuló cargos?

Hay abogados que se han acercado y que básicamente han entregado información y se han puesto a disposición de la fiscalía.

¿El abogado de Julio Ponce se ha acercado?

El abogado Jorge Bofill fue una de las personas que se acercó y nos entregó información pública respecto de sociedades.

¿En qué fase está la investigación?

Estamos reuniendo antecedentes para establecer aquellos hechos, en materia de la formulación de cargos, que eventualmente puedan tener la posibilidad de recibir una sanción penal.

¿El análisis del caso puede demorar hasta fin de año?

Probablemente. Esperamos, durante el transcurso de los próximos meses, además, tomar declaraciones a las personas, esperamos avanzar bastante con eso. No tenemos una fecha clara. Cabe consignar que algunas de estas personas ya habían sido entrevistadas dentro de la investigación que hizo la Fiscalía Oriente.

Pero esa investigación estaba circunscrita al delito de transacción ficticia, y a una sola operación, con un fondo de Linzor...

Claro, eso es importante de señalar. Esa es una causa que se inició a propósito de una querella de un accionista minoritario y por la venta de un fondo de inversión. Pero a propósito de la formulación de cargos, esto pasa a ser una de las operaciones que se encuentran siendo investigadas por la SVS y por nosotros. Por tanto, esa causa de la Fiscalía Oriente se ha expandido muy fuertemente con la formulación de cargos.

¿La primera persona que van a interrogar es Julio Ponce?

No necesariamente. Eso es relativo y va a depender de la estrategia que definamos con el equipo investigativo.

¿Cuándo espera tener convicción de que pueda haber delito y formalizar? En el caso La Polar tardaron pocos meses...

Es difícil contestar eso hoy. En el caso La Polar fue rápido, porque la propia empresa reconoció la existencia del delito y lo complejo fue analizar el alcance de las responsabilidades individuales. Este caso es distinto, porque no hay ningún reconocimiento de parte de la estructura societaria del grupo de empresas cascadas respecto de la existencia de delito. Por el contrario, el alcance es totalmente distinto. No podríamos tomar una decisión respecto de formalizar o no sin haber tomado declaración, en las calidades que correspondan, a la personas involucradas. Ese es el estándar mínimo que ocupa el Ministerio Público que, a lo menos, da la posibilidad a las personas de declarar, ya que eso es voluntario.

¿Investigarán varios delitos o sólo los que la SVS mencionó en la formulación de cargos: transacciones ficticias y transar o inducir la compra y venta de acciones por medios fraudulentos?

Para nosotros, la calificación jurídica que hace la SVS respecto de infracciones no es vinculante, aunque sí es relevante. Tenemos que analizar cuáles son aquellos delitos que, desde el punto de vista penal, es posible probar a partir de los antecedentes disponibles. No necesariamente lo que es más posible probar desde el punto de vista administrativo es fácil probar desde el punto de vista penal. Eso es algo relativo, que tenemos que ir viendo a medida que transcurra la investigación. Y analizando también los descargos que, imagino, van a presentar estas personas en la SVS, la resolución final que haga el superintendente y qué va a pasar con los reclamos que puedan hacer, en el caso de ser eventualmente sancionados, ante los tribunales o la Corte Suprema.

¿Qué le parece la conclusión a la que llegó la SVS en la formulación de cargos?

Para nosotros, lo relevante es poder tratar de simplificar la complejidad de las operaciones para los efectos de lograr ver aquellas que puedan significar, eventualmente, delito. Pero el documento pareciera que es un trabajo bastante serio y desarrollado por parte de la SVS. Lo interesante es que toman muchos antecedentes, incluso de parte de las propias sociedades. Creemos que es un trabajo muy serio y muy propio de una institución altamente especializada, como es la superintendencia.

¿Este caso es muy complejo?

Obviamente que es un caso altamente complejo, pero no solamente por la estructura de las operaciones desarrolladas. Lo complicado de estos delitos, como se realizan dentro de una estructura societaria, es que la participación es algo complicado de establecer, tomando en cuenta quiénes toman las decisiones y cómo van ejecutando las inversiones en los respectivos casos (...). En el modelo de estructura societaria no se puede esperar la actuación del gerente, como la que existe en un delito como homicidio. Son casos donde la participación de un gerente u otro ejecutivo está mucho más lejana. Por eso es importante que esa construcción tiene que ser con pruebas basadas en indicios y con diferentes pruebas más.

¿Incluso presunciones?

Claro. La prueba indiciaria es la prueba fundamental. En estos casos, es muy difícil esperar que la participación de la persona pueda construirse a partir de prueba directa.

¿Espera obtener una confesión?

Muchas veces las personas reconocen participación en los hechos, pero le atribuyen significados jurídicos distintos. Lo que nosotros no vamos a encontrar es que reconozcan que entregan dolosamente información falsa al mercado, que usan información privilegiada con el fin de ganar dinero con las acciones o que se hicieron transacciones para que el precio bajara. Eso, claramente, no lo vamos a encontrar.

¿Espera en este caso recibir más presiones que en otros casos?

Nosotros como fiscales recibimos bastante menos presiones de las que la gente puede pensar. Lo importante es que tampoco uno tiene que dar pie para que la gente lo presione o le hablen por un determinado caso. Trato de que no se generen instancias para no generar momentos incómodos. Además, si yo recibo presiones, tampoco la respuesta va a ser muy suave de mi parte.

¿Qué opinión tiene del mundo empresarial?

Me parece que en el mundo empresarial hay personas que están preocupadas de hacer crecer el país. Además, creo que está existiendo cada vez más una conciencia de que desarrollar atentados que afecten la libre competencia y contra la Ley de Mercado de Valores, no corresponden. Con eso, lo único que se perjudica es el desarrollo del país. Esa es una conciencia que uno ve que está en crecimiento. Tengo la impresión de que este tipo de casos, más que dañar la imagen de los empresarios, daña la imagen del país y del sistema económico en general.