La Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, entregó este lunes un preocupante informe que toma en cuenta la situación carcelaria del país desde el año 2001. Dentro de esta evaluación, el hacinamiento y la poca capacidad de rehabilitación de los reos, son algunos de los puntos más críticos en las prisiones chilenas. Uno de los gatillantes del fatal incendio que afectó el pasado miércoles a la Cárcel de San Miguel.
"En estos momentos en la Región Metropolitana tenemos un 178% de sobrepoblación. Estamos hablando de un 68% efectivo en el país", reveló la fiscal judicial, quien presentó hoy esta investigación ante el Pleno de la Corte Suprema .
Este informe toma en cuenta la situación carcelaria del país desde 2001 y es consecuencia de la visita de los fiscales judiciales a las cárceles a lo largo de Chile.
INVESTIGACION
En dicha investigación, la profesional destaca el crítico hacinamiento que afecta a las prisiones del país, que alcanza cerca de un 69%. "En el caso de la Cárcel de San Miguel donde estaban los 150 internos que fueron víctimas del incendio, éste tenía una capacidad de 60 personas", explicó esta mañana en radio Cooperativa.
Según la fiscal, la falta de comunicación también es un problema, ya que el hacinamiento "provoca que 100 internos tengan acceso a un sólo baño". Sumado esto a la precaria calidad de alimentación. "Aquí se permitía el uso de cocinillas a gas", señaló la profesional.
Agregando que los presos están enjaulados y es casi imposible que los gendarmes ingresen donde están.
"Hay muy poco espacio para la rehabilitación, para la educación, para el deporte y pasan años, metidos en este mismo sistema. El encierro son de 15 horas y nueve horas de patio, espacio que se ocupa también para lavarse, alimentarse, para arreglar sus cosas, recibir visitas. Debería ser tiempo para tener cursos, talleres", denuncia Maldonado.
La Fiscal Judicial de la Corte Suprema considera que un preso es una persona que necesita rehabilitación, pero que esto no puede hacerse efectivo, ya que el hacinamiento tampoco permite que haya una capacidad de segregación entre los reos de alta peligrosidad y los primerizos.
En cuanto a las denuncias de que algunos funcionarios de Gendarmería habrían permitido el ingreso de elementos como celulares, drogas, materiales para fabricar armas, alcohol, balones de gas y cocinillas, la fiscal indicó que el cómo llegan estos enseres "es materia de la investigación" que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur. Pero que "la vigilancia está siendo violada y no es extraño que haya personal de Gendarmería que pudiera estar participando en el tráfico de este mercado negro" en las cárceles.
