Luego de que el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa, confirmara esta mañana que la policía rumana tiene localizado a Rafael Garay, el fiscal José Morales presentó la solicitud para formalizar en ausencia al economista.

La formulación de los cargos, sería el primer paso para comenzar los trámites de extradición del ingeniero que está siendo investigado por presunta estafa, y así lo confirmó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. "Hemos visto la situación de estos delincuentes que andan prófugos, uno ubicado en Rumania y el otro en Malta. El fiscal ya hizo una presentación y esperamos que el proceso sea los más rápido posible", dijo.

"Esperamos que las instancias judiciales operen con la mayor celeridad para que sea trasladado al país (...) Como no tenemos convenios de extradición, a través del consulado se solicita que sean detenidos en los países en los que se encuentran", detalló la autoridad de gobierno.

Además, a través de un comunicado, la Fiscalía Centro Norte explicó que para solicitar la extradición de un imputado, es necesario que la investigación esté avanzada, ya que sólo podrá ser juzgado por los hechos por los cuales se solicite su extradición. En caso de aparecer hechos nuevos, estos no podrían ser incorporados, de ahí la importancia de que se trate de una investigación que incorpore la mayor cantidad de antecedentes posible.

En esa línea, el director de la PDI agregó que se ha "hecho todo lo que corresponde con un estrecha colaboración con la policía de Rumania y de Malta. Él (Garay) tiene una difusión roja, tiene una alerta, por lo que nos van a avisar si el sale del país. Los tiempos, no los podemos decir porque han ido cambiando".

Preliminarmente, las indagatorias encabezadas por Morales, dan cuenta de que Garay se encuentra  sin intenciones de regresar a Chile. De hecho, la investigación comenzó como una presunta desgracia, a raíz de su desaparición, figura que cambió a las pocas horas cuando un conjunto de víctimas denunció que ex CEO de Think & CO se habría apropiado de los dineros que le entregaron para administrar.

Habría al menos 36 personas afectadas por estas acciones y más de mil millones de pesos involucrados.

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