Desde que asumió el mando de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el 11 de julio del 2011, el fiscal Alberto Ayala, junto a su equipo, ha llevado complejas investigaciones, como el caso CNA y la condonación a la multitienda Johnson's. Durante este tiempo, ha criticado la "deficiencia" de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), la que calificó como "un chiste", y la falta de dotación policial en el sector oriente, donde, asegura, los robos a casas han registrado un incremento del 22%.

Con ese estilo, Ayala -que subrogará en los próximos días al fiscal nacional, Sabas Chahuán- aborda en entrevista con La Tercera su propuesta para que el Estado abastezca de drogas a adictos como forma de combatir los delitos, el rol de la fiscal de la zona Occidente Solange Huerta en el caso tsunami y hasta qué punto llegan las responsabilidades de las ex autoridades que estuvieron en la Onemi ese día, entre ellas la ex Presidenta Michelle Bachelet.

¿Cuál es su postura sobre la relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos?

Es tan cierto que los delitos están asociados a adquirir especies para comprar droga, que soy derechamente partidario de que el Estado establezca instituciones que regalen drogas a los adictos. Y que se las ponga gratuitamente. Para el Estado, producir droga no le significa nada en términos económicos.

¿Hay países donde un plan similar haya dado resultado?

Tuve la oportunidad de conocer la experiencia en Alemania, donde el Estado hizo un estudio de cuántas personas delinquían para adquirir dinero a través de la reducción de especies (para drogarse), y cuántas personas se contagiaban con VIH por prestarse las agujas para poder drogarse. Y optaron por una solución inteligente. Dijeron: "Todos aquellos que quieren estar en un registro que mantiene el servicio de salud, el Estado alemán les va a poner la droga gratuitamente".

¿Qué efectos tuvo la decisión del gobierno alemán?

Con eso rebajaron las enfermedades, especialmente el sida. Y, segundo, redujeron de manera importante los robos a casas y los asaltos. Esto, porque esa persona drogadicta, registrada y controlada por el Estado, no tenía necesidad de salir a robar o asaltar. Estos son temas que nadie se atreve a plantear en el país. Bueno, saquémoslos a la luz pública y veamos qué es lo más conveniente.

¿Cree que una política así ayudaría a reducir los delitos en Chile?

Primero, ayudaría a reducir los delitos, especialmente en la gente joven que los comete. Segundo, crearíamos una sensación de mucha más seguridad en la sociedad. Tercero, tendríamos un control de un órgano del Estado de las personas que están sujetas a este tipo de enfermedad y drogadicción. Esto va asociado a un plan del Ministerio de Salud que consiste -dependiendo de los grados de adicción- en modificar las conductas adictivas (...). Les ponen la droga a la que están acostumbrados a usar y, posteriormente, la van modificando por otras sintéticas y más blandas.

¿No cree que una medida así incentivaría el uso de los estupefacientes?

Puede que en algún momento se incentive, pero (este plan) no está hecho en el sentido de incentivar y decir: "Qué bueno que la gente sea drogadicta". No. Es malo que la gente sea adicta, pero no lo voy a enfrentar solamente desde un punto de vista represivo, sino que también desde el control de la enfermedad. Esto, a la vez, conlleva un objetivo mayor: evitar o disminuir el porcentaje de robos que pueda haber en el hogar.

Su planteamiento podría generar críticas.

Cuando uno plantea estas ideas dicen: "Este tipo es pro-drogas, es pro-delincuentes". Y no es eso. Yo soy pro-sociedad, creo en la rehabilitación y en la persecución fuerte del tráfico de drogas".

Caso tsunami

A nivel de Fiscalía Nacional, ¿cómo ven los recursos presentados que buscan sacar a la fiscal Solange Huerta del caso tsunami?

Su trabajo ha sido excelente. La fiscal Huerta ha sido muy clara, desde el punto de vista jurídico, en decir qué es lo que investiga y cuál es la norma aplicable.

¿Hasta dónde llegan las responsabilidades?

En ese sentido, (Huerta) ha sido criticada porque ha señalado con mucha claridad que, de acuerdo a la normativa legal vigente, no resulta posible desde el punto de vista penal involucrar a la ex Presidenta de la República (Michelle Bachelet), porque la norma que regula esta materia señala de manera categórica que el responsable es el ministro del Interior (en ese entonces, Edmundo Pérez Yoma). Y esto es así, cualquiera que haya sido el Presidente en la época en que se haya producido esta tragedia. Nosotros no investigamos ni responsabilidades políticas ni morales.

¿Qué le parecen esas críticas hacia la fiscal Huerta?

Esto no es un tema político. Quien crea que un fiscal toma decisiones políticas no sólo está profundamente equivocado, sino que constituye una falta de respeto al trabajo que desarrollan los fiscales. ¿Nos podemos equivocar? Sin duda, nos podemos equivocar, como cualquier ser humano, pero nuestras decisiones se basan en el principio de objetividad.