El fiscal superior especial de Panamá, Dimas Guevara, pidió a la Corte Suprema el encausamiento de 23 personas por el caso de los fármacos que contenían una sustancia tóxica y causaron más de 150 muertos. El fiscal entregó el abultado expediente de la investigación sobre el mayor envenenamiento masivo en la historia de Panamá, del que se conocieron los primeros casos en octubre de 2006.
"En este caso resultaron investigadas un total de 27 personas, donde solamente cuatro fueron favorecidas con sobreseimientos provisionales", indicó Guevara sin dar información alguna sobre las 23 personas que quiere que sean juzgadas.
Hace cuatro años cientos de asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, en su mayoría niños y ancianos, resultaron envenenados por el uso de fármacos que contenían dietilenglicol, un alcohol industrial no apto para el consumo humano.
"Este es un expediente que implica una serie de tomos. Ayer (lunes) tuvimos que traer más de 70 cajas de investigación, y hoy se trajo la vista (fiscal) que condensa toda la investigación, y donde está establecido quiénes son las personas que deben ser encausadas criminalmente y quienes serán favorecidas", aseveró Guevara.
El fiscal explicó que le corresponde a la Corte Suprema determinar si la instrucción judicial está completa, si los llamados a juicios son efectivamente responsables y determinar una fecha para establecer la audiencia.
Señaló que el expediente cuenta con 350 tomos de investigación y tiene más de 1.000 de anexo de pruebas, que contienen el historial clínico de más de 290 personas, entre ellas 153 fallecidas, y el resto sobrevivientes y expuestos al veneno.
Dijo que actualmente unas 1.400 personas están siendo evaluadas por los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias (IMEL) del Ministerio Público (MP) y que una vez que concluyan los análisis, los resultados serán remitidos a la Corte Suprema.
Según las investigaciones, el dietileneglicol fue adquirido en China por la empresa española Rasfer Internacional, que a su vez lo reexportó a la panameña Medicom, proveedora de la CSS.
En Panamá solo permanece detenido Ángel de la Cruz, directivo de Medicom.