El 4 de agosto de 2013, Cristian Paredes asumió el cargo de fiscal regional de La Araucanía. Desde esa fecha ha liderado las investigaciones para detener a los responsables de una serie de atentados incendiarios en la llamada zona roja del conflicto mapuche y ataques armados contra uniformados y agricultores. "En los primeros 15 días se registraron 39 hechos delictuales que tienen relación al tema reivindicatorio. Esto se refiere a una multiplicidad de delitos y no son necesariamente atentados", señala. En casi dos años de gestión, y tras rendir su cuenta pública, el persecutor explicó a La Tercera las dificultades de la persecución penal en la zona y también reconoció la dificultad para imputar a los otros implicados en el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, asesinado el 4 de enero de 2013 en su casa en Vilcún.
¿Cuáles son las principales dificultades de la persecución penal en La Araucanía?
El fenómeno delictual en la zona presenta características particulares que no se dan en ninguna otra región del país. Me refiero, específicamente, a los delitos que cometidos en el contexto de la violencia rural en el marco del conflicto que se da por las reivindicaciones territoriales por todos conocidos (...). Me refiero a hechos que suceden en el campo, con pocas posibilidades de conseguir testigos y cuando hay, están demasiado atemorizados como para participar del proceso. Tampoco existen medios de pruebas tecnológicos comunes en la capital y en otras ciudades grandes, como las cámaras de seguridad.
En cuanto a los delitos relacionados con la reivindicación de tierras y el conflicto mapuche ¿Cuáles son las principales dificultades para resolver estos casos?
Al menos son cuatro los factores que influyen en esto. En primer lugar, los niveles de flagrancia o detenciones en tiempo inmediato a ocurrido los hechos. Es decir, las características del lugar y la carencia de medios de pruebas tecnológicos comunes en la capital, dificultan obtener mayores resultados, pero confiamos que la labor policial nos permita mejorar en ese sentido. En segundo lugar, también influye la presencia de fiscales en los sitios del suceso para que dirijan en lugar de los hechos las primeras diligencias. Por ello, hemos creado un equipo de fiscales que tiene instrucciones expresas en ese sentido. Como tercer factor, mejorar la participación de testigos que declaren en juicio. Actualmente nos es imposible presentar testigos con reserva de identidad, por lo que por el temor hace cada día más difícil que participen en el proceso. Finalmente, y como ya he señalado, la dilación en la realización de los juicios.
El año pasado se condenó a Celestino Córdova. ¿Qué ocurrió con los cómplices del crimen del matrimonio Luchsinger?
La condena al señor Córdova es la más alta en causas vinculadas a delitos generados por supuestas reivindicaciones territoriales. Además, se entiende por las características del ilícito por el que fue condenado, no actuó solo. La policía sigue investigando, esperamos que tengan resultados y estamos en permanente coordinación con la familia Luchsinger.
Un informe policial identificó al principio del proceso a un grupo de sospechosos que habrían participado en el crimen ¿Por qué no fueron detenidos?
Toda información policial, en cualquier caso, necesariamente debe tener el estándar necesario para ser presentada en un tribunal y convencer a los jueces con pruebas fácticas. Es necesario disminuir la brecha entre lo que se denomina comúnmente como "caso policialmente aclarado" y una causa madura para presentar en tribunales. Por ahora no hay pruebas de nivel para llevar a otra persona por el crimen de Luchsinger.
A fin de año, se registraron bombazos en la región ¿Cómo enfrentarán este fenómeno?
Para nosotros este no es un delito nuevo. Somos la región, después de la Metropolitana, que más hechos tiene de este tipo. Y jurídicamente estamos lejos de ser neófitos. De hecho, tenemos cuatro condenas por delitos relacionados a atentados con explosivos. En los últimos episodios de este tipo es sabido que invocamos la Ley Antiterrorista, porque creemos que estos actos buscan, entre otras cosas, causar miedo y terror en la población. A cargo de esta indagatoria está el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, lo que demuestra la importancia que le otorgamos a este tipo de actos.
