Pese a que cuando se creó una cuenta en Twitter -en abril de 2016- fue un activo comentarista de la contingencia nacional, el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, hace varios meses que no emite opiniones en la red social. La última vez que lo hizo fue en agosto del año pasado, cuando respondió a un emplazamiento directo. "Mi opinión no es política, sino que técnica. Mi única expresión política es el voto. Y eso es secreto", tuiteó el investigador.

Su silencio coincide con que el abogado dirige en este momento dos candentes causas que involucran a la clase política.

Por un lado, está en la antesala de cerrar y preparar el juicio oral del denominado caso Penta y, por otro, tramita la indagatoria que involucra al ex Presidente Sebastián Piñera luego de que el diputado Hugo Gutiérrez (PC) se querellara en su contra por supuesta negociación incompatible, violación de secreto y uso de información privilegiada del litigio en La Haya -cuando estaba en La Moneda- en la compra de acciones que una de las sociedades de su familia hizo de la pesquera peruana Exalmar en 2010.

En algún momento fue un activo tuitero. ¿Vio la campaña que hay en esa red respecto del caso Exalmar, en que los usuarios piden que el ex mandatario entregue sus correos?

No lo he revisado. He tenido conocimiento, pero no me he detenido a mirarla, porque nosotros tenemos que guiarnos por los antecedentes de la investigación y no por lo que diga la gente a través de redes sociales.

Al día de hoy, ¿cuenta con correos de Sebastián Piñera?

Nosotros no tenemos correos del ex presidente. Tampoco han sido solicitados.

¿No han sido requeridos? ¿Por qué?

Es importante aclarar algo. Nosotros en su momento hicimos un requerimiento de información, al comienzo de la investigación, a la administradora de Bancorp, y en eso nos interesaban comunicaciones de algunos personeros de dicha empresa. En su momento nos entregaron antecedentes que ellos consideraban que eran pertinentes y atingentes a la investigación y dentro de eso había correos electrónicos.

El jueves 23 se alzó la reserva de la causa, ¿aún no cuenta con correos?

En días recientes, el abogado Juan Domingo Acosta hizo una presentación en que acompañó algunos correos electrónicos que también ellos consideran pertinentes respecto de Nicolás Noguera, gerente general de Bancard. Estamos revisando esa información para ver si es suficiente o si -por el contrario- amerita profundizar el requerimiento que hicimos. Es importante señalar que quien define qué es lo pertinente para la investigación es el Ministerio Público, no el imputado, no las personas que son testigos y quienes trabajan en la administradora de Bancorp. Ellos no definen qué es lo pertinente o no en una investigación.

El viernes se hizo público un escrito del abogado Acosta en que pide que usted cite a declarar al ex mandatario...

Repito: quien dirige la investigación es exclusivamente el Ministerio Público, que determina cuándo se realizan las diligencia, y en eso no nos vamos a dejar pautear ni por la defensa del ex Presidente Piñera ni por el querellante ni por nadie.

¿Lo va a citar y en qué calidad?

Él tiene calidad de imputado. Hay una querella en su contra que fue acogida a trámite por un tribunal y, en ese momento, adquiere la condición de imputado. Si usted ve la ley, un imputado es en contra de quien se dirige una investigación desde los primeros actos del procedimiento, haya o no haya formalización.

El ex presidente, entonces, será interrogado en esta causa...

El abogado Acosta dice en su escrito que el ex presidente tendría interés en prestar declaración sobre los hechos en los cuales se fundamenta la querella. Es una diligencia que siempre hemos contemplado, el tema es cuándo nos parece oportuno realizarlo o no y todavía tenemos pendiente la llegada de cierta información que nos parece relevante, a fin de que en su momento podamos invitar al ex Presidente Piñera, que tiene una prerrogativa especial en su condición de ex Presidente de la República, para prestar declaración sobre los hechos investigados, pero no solamente de lo que él quiera conversarnos, sino que también de aquellas cosas que sean de nuestro interés, en función de los antecedentes que hemos llevado al proceso. Vuelvo a decir, quien determina los tiempos de la investigación no es el ex Presidente Piñera, no es su defensa, como tampoco el querellante, pero sí estoy en condición de decir que esa diligencia se va a realizar pronto.

¿Esta semana?

No me gustaría dar una fecha, pero será en los próximos días. Va a depender de lo que se demore en enviarnos ciertos antecedentes que estamos requiriendo. Hay que entender que el ex Presidente Piñera ha dirigido un holding empresarial constituido por una cantidad importante de sociedades, que son propietarias unas de otras y -a su vez- de esa forma se llega a la propiedad de acciones en múltiples empresas, dentro de las cuales se encuentran las acciones que se adquirieron a la pesquera Exalmar.

¿Necesita más datos de estas sociedades?

El tema es que si bien quien le compra a pesquera Exalmar es el Fondo de Inversión Mediterráneo, que es administrado por Bancorp, esta a su vez tiene dueños, y así sucesivamente, hay una estructura societaria que permite llegar a personas naturales, que en su mayoría son esencialmente quienes integran la familia Piñera-Morel, entonces tenemos que tener desentrañado ese entramado societario antes de sentarnos a escuchar la declaración del ex Presidente Piñera y para poder formularle las preguntas que son de nuestro interés en relación a la posible intervención o no de él en el tema de la compra de las acciones.

Volviendo al tema de los correos, ¿por qué no requerir los de Piñera?

Para poder entrar en comunicaciones de carácter privado tenemos que tener antecedentes que avalen dicha petición. La querella del diputado Gutiérrez describe una serie de circunstancias y atribuye la posible existencia de ciertos hechos a la persona del ex presidente, pero nosotros no tenemos, ni hemos tenido testimonios, ni documentos, ni otros antecedentes que hagan plausible una solicitud de esa naturaleza o que podamos forzar con la autorización judicial correspondiente. Hay un estándar que fija la ley, que lo determinan los tribunales de justicia, y eso requiere cierta información preliminar que a nuestro juicio no es lo suficientemente contundente como para pedir aún ese tipo de información. Ahora, no por ello descartamos más adelante la posibilidad de requerir comunicaciones electrónicas, ya sea del ex Presidente Piñera o de otras personas.

Algunas personas han criticado el actuar de la fiscalía por no allanar, por no incautar información como ha ocurrido en otros casos...

No hay ningún trato preferente para el ex Presidente Piñera. Lo que pasa es que nosotros no podemos comparar otros casos con éste, en el sentido de que en esos otros casos probablemente se ha contado con mayores antecedentes al momento de requerir la entrega de información. En este caso, requerimos la entrega de contenidos de comunicaciones voluntariamente sin tener muchos antecedentes con los cuales solicitarlos, y en ese contexto nos han sido entregados parcialmente ciertas informaciones que ha determinado la defensa y nosotros tenemos que analizar. A medida que hemos ido avanzando en diligencias, el día de hoy sí estaríamos más en condiciones de poder afrontar una solicitud judicial en caso de que hubiese una negativa a entregar cierta información, pero no hay un trato preferente al ex Presidente Piñera. Para nosotros es absolutamente indiferente que él sea el investigado.

¿Cómo influye que Piñera esté ad portas de lanzar una nueva candidatura presidencial y que el caso pueda perjudicarlo?

No nos dejamos guiar por las consecuencias que esto pueda tener en la vida política del país. Nosotros tenemos que hacer un trabajo técnico en virtud de una querella que fue admitida a tramitación por un tribunal y desde ahí tenemos que investigar realizando aquellas diligencias que nos parecen pertinentes y -en ese sentido- en algún momento podríamos requerir sus correos, por lo tanto, no hay un trato preferente.

¿Solicitar vía judicial, por ejemplo, correos que no sean entregados?

Es un tema que no podemos descartar. Vamos a revisar la información que acompañaron en días recientes y ver si satisface nuestras inquietudes. Aquí lo que se indaga es la imputación que hace el querellante, de que el ex Presidente Piñera habría intervenido en una compra de acciones que se habría efectuado por empresas en las cuales tiene participación e interés tanto él como su familia, haciendo uso, por un lado, de información privilegiada, la cual habría accedido en su condición de mandatario, en circunstancias de que se tramitaba un litigio por límites marítimos entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia. También se habla de negociaciones incompatibles y una eventual violación de secreto. Nos tenemos que guiar por esos tipos penales y esclarecer si el relato del querellante -que es declarado admisible- es efectivo.

A tres meses de abrirse el caso, ¿qué se ha podido establecer?

En la querella no viene ningún testimonio concreto que dé cuenta de lo que se denuncia, sino que aquí lo que hay es una interpretación que hace el querellante. Al día de hoy, lo que puedo decir seriamente, cuando ya no estamos en una etapa de secreto de investigación, es que lo que tenemos acreditado son todas aquellas circunstancias que dieron cuenta de la operación de adquisición de acciones Exalmar, pero no podemos afirmar que se haya facilitado información privilegiada o reservada del litigio de La Haya. Si fuese así estaríamos en otro lugar y estaríamos probablemente más cerca de tomar una decisión de formalización, pero a esta altura todavía no tenemos claridad sobre aquello. Lo que tenemos hasta ahora es una transacción, como muchas que se hacen, en este caso en la Bolsa de Valores del Perú, digamos, no se hace en Chile, y en la cual habría participado Bancorp, que administraba un fondo de inversión privado de propiedad de la familia Piñera-Morel.

Sin un delito aparente y acercándose marzo, mes en que Piñera decidirá si será candidato, ¿se ha sentido presionado para terminar pronto esta causa?

No, en absoluto. Nadie ha ejercido presión, lo que hay son legítimas expectativas de las partes que intervienen en un proceso en orden a querer que las cosas caminen lo más rápido posible y que ojalá sea con una posición favorable a sus intereses. Pero para nosotros son indiferentes las pretensiones políticas que pueda tener cualquier ciudadano, y eso incluye, por cierto, al ex Presidente Piñera. Nosotros no nos dejamos influenciar por aquello, escuchamos a todas las partes, consideramos su opinión, su solicitud de diligencias, pero, en definitiva, resolvemos autónomamente. Le aseguro que nadie ha ejercido actos de presión, ni nada indebido. De haber existido esos actos tendríamos que haberlos denunciado y la verdad es que no han existido.

Sin entrar en el detalle, ¿qué diligencias se han realizado?

Nos hemos hecho de bastante información documental que da cuenta de las operaciones y de quienes participaron en ellas. Tenemos varios tomos de investigación, es bastante voluminosa en cuanto a documentos que no son sencillos de analizar, porque dan cuenta de operaciones relativas a transacción de acciones, administración de empresas, la estructura y el funcionamiento de los directorios, etc. Hemos tomado declaración en calidad de testigos a Sebastián Piñera Morel, Nicolás Noguera y Cristóbal Silva, un analista de Bancard; el abogado Fernando Barros, José Cox, el ex canciller Alfredo Moreno y el ex agente de Chile en La Haya Alberto van Klaveren.

¿Por qué a Moreno y Van Klaveren, por su rol en el juicio internacional con Perú?

Nos hemos enfocado, por un lado, en ver lo que fue la tramitación del litigio por parte del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya como también las operaciones de adquisición de acciones durante el período en que Sebastián Piñera ejerció el cargo de Presidente de la República y -por eso- les hemos tomado declaración tanto a personas vinculadas a las empresas como a personas vinculadas a la defensa de los intereses chilenos ante la Corte Internacional de Justicia.

¿No basta la explicación de que al decidir ser presidente sus negocios pasaron a un fideicomiso ciego en 2009?

Tenemos que revisarlo. A nosotros no nos ha sido entregada esa información aún. Me refiero a los contratos, a estos mandatos sin obligación de informar al mandante conocido como fideicomiso ciego. Son antecedentes que hemos requerido, y yo creo que en su momento nos van a llegar y también es interesante tenerlos en cuenta al momento de afrontar una declaración del ex Presidente Piñera.

El ex ministro Andrés Chadwick dijo el viernes que la declaración de Piñera ha sido programada y postergada por la fiscalía en más de una ocasión...

Nosotros tomamos decisiones en virtud de los hechos que vienen planteados en la querella. Entiendo la posición de la defensa del ex Presidente Piñera, como también entiendo la posición de sus partidarios, quienes me imagino quieren que esto termine lo más pronto posible, sin afectación de la persona del ex presidente. Tienen que tener la tranquilidad de que el Ministerio Público va a desarrollar sus acciones en conformidad a la ley, con respeto a la objetividad que guía sus acciones y no respondiendo a una intencionalidad política, ya sea del diputado Gutiérrez o de cualquier otra persona.

¿Qué responde a quienes sostienen que la fiscalía es utilizada en algunos casos con fines políticos?

No puedo referirme a las intencionalidades que pueda tener o no el diputado Gutiérrez. Lo que sí puedo decir es que el Ministerio Público no se deja instrumentalizar por nadie y tenemos absoluta claridad de cuáles son los límites que determinan nuestras acciones. Ese límite está establecido por la ley y por el principio de objetividad, y de eso, obviamente que a nosotros no nos van a mover por más intencionalidad política que haya detrás.

Para finalizar el tema Exalmar, ¿qué puede acreditarse al día de hoy?

Hemos acreditado las transacciones, éstas se encuentran debidamente documentadas. Está documentado también cómo se tomaron esas decisiones o, mejor dicho, en qué consistió la oferta pública de acciones efectuadas por la empresa Exalmar, que fue una apertura al mercado para los distintos interesados. Están los prospectos que dan cuenta de cuáles eran los antecedentes o los hechos esenciales, para utilizar el lenguaje chileno, que se tenían en consideración al momento de hacer esas ofertas. Del mismo modo, tenemos claras las etapas procesales ante la corte y podemos hacer el cruce, que eso es algo que hemos efectuado. Pero al día de hoy no tengo antecedentes que den cuenta de la intervención del ex Presidente Piñera. No lo puedo descartar, en todo caso, porque va a depender del curso de ciertas diligencias que tenemos que desarrollar, pero si hubiese sido así al día de hoy, obviamente estaríamos en otro escenario.

¿Proyecta más o menos cuándo podría acabarse esta causa?

No, no me gusta hacer ese tipo de proyecciones, porque es algo que uno sabe cómo estas cosas comienzan, pero no cómo terminan.

Caso Penta: "Las bajas penas son un problema"

¿Cuál es su balance del caso Penta a días del cierre de la causa?

Se ha desarrollado un trabajo bastante serio y acucioso por parte de los fiscales que forman parte del equipo. Hay una cantidad importante de personas formalizadas, cerca de 40 personas y ya llegamos a una etapa que es muy voluminosa, bastante compleja. Hay muchos antecedentes que analizar, por lo tanto, no es fácil de investigar considerando que no es la única causa que tenemos. Pero yo diría que estamos en una etapa en que podemos cerrar la investigación ahora el 4 de marzo con tranquilidad y ahí vamos a tomar las decisiones que corresponda.

En una entrevista con Reportajes, el defensor de los controladores de Penta, Julián López , dijo que el Ministerio Público estaba atrapado en base a las expectativas públicas que había generado con este caso. ¿Qué puede reponder?

No sé a lo que se refiere el abogado López en cuanto a expectativas públicas. Nosotros lo que hemos hecho es actuar en conformidad de la ley imputando hechos que son a nuestro juicio constitutivos de delitos tributarios y en el caso de sus defendidos, también de delitos de cohecho respecto del ex subsecretario Pablo Wagner. Esa imputación no es arbitraria, se hace sobre la base de antecedentes de la investigación y tan arbitraria no es que, inclusive, eso ameritó en su momento que sus defendidos estuvieran recluidos en prisión preventiva porque un tribunal de la República consideró que habían antecedentes que justifican la existencia de delito. Las expectativas que se genere la opinión pública en función de la marcha que van teniendo los procesos penales es algo que escapa a la voluntad de los fiscales. Nosotros no nos encontramos atrapados para nada.

López también apuntó a que la formalización de las esposas de Délano y Lavín fue una presión indebida por no allanarse a aceptar un procedimiento abreviado.

Me parece inadecuado que si es que hubiesen existido conversaciones respecto de un procedimiento abreviado se ventilen públicamente. Nosotros cuando formalizamos a las cónyuges de los señores Délano y Lavín es porque estas facilitaron boletas de honorario sistemáticamente durante más de 5 años. El porqué esta decisión se tomó más cercano al cierre de esta investigación tiene que ver con que nosotros estamos revisando todo lo que son las situaciones que habían pendientes. Ellas emitían estas boletas de honorarios a inmobiliaria Los Estacieros y Penta III que son precisamente parte de las empresas por las cuáles se encuentran imputados Délano y Lavín, por ende no hay en esto un actuar caprichoso de la Fiscalía, ni buscamos presionar una salida distinta al juicio oral.

Sin embargo, hay altas expectativas públicas que no será satisfechas una vez concluido el caso…

Uno de los principales problemas que el Ministerio Público ha venido sosteniendo desde la época del fiscal Sabas Chahuán y que también lo ha sostenido el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, son las bajas penas asociadas a los delitos vinculados a este caso, que obviamente muchas veces hacen que las legítimas expectativas ciudadanas de justicia no se vean satisfechas, pese a que se obtienen condenas en procesos que es bastante complejo obtenerlas, pero para la ciudadanía en la medida que no haya cárcel es como que no existiese la condena y eso pasa por una reforma a lo que son los delitos económicos, los delitos funcionarios que particularmente en mi opinión personal y del Ministerio Público debieran tener penas bastante más elevadas de las que tienen hoy. Pese a todo estamos preparados para un juicio oral. Si alguien cree que la Fiscalía va a llegar a un procedimiento abreviado para evitar un juicio oral porque demanda mucho tiempo está completamente equivocado.