La fiscalía pidió hoy a la Corte Suprema de Perú que confirme la condena de 25 años de prisión impuesta en abril al ex Presidente Alberto Fujimori por dos matanzas cometidas en su gobierno, pero solicitó que modifique la condena por secuestro agravado.

Para la defensa, el secuestro agravado sería el principal obstáculo para que el ex Presidente pueda acceder a beneficios penitenciarios.

El Fiscal Supremo Pablo Sánchez presentó sus alegatos hoy en el inicio de las audiencias de la Corte Suprema para analizar el recurso de nulidad presentado por la defensa de Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por la muerte de 25 personas en dos matanzas cometidas por un escuadrón de aniquilamiento del ejército en 1991 y 1992, y por el secuestro de un periodista opositor y de un empresario en 1992.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el juez Duberlí Rodríguez, escuchará a las partes en dos sesiones hasta el martes y dará a conocer su decisión el miércoles.

"Propongo a la sala de su digna presidencia que confirme la sentencia dictada contra Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de la libertad por los delitos de lesa humanidad, bajo la figura de homicidio calificado y lesiones graves, y además por el delito de secuestro con la discrepancia expresada por escrito", dijo el fiscal Sánchez dirigiéndose a Rodríguez.

Sánchez cuestionó la sentencia del tribunal que condenó en abril a Fujimori por delito de secuestro agravado, pues alegó que no se aplicó sufrimiento o trato cruel a las víctimas. En su opinión el ex presidente debió ser condenado solo por delito de secuestro simple.

También los abogados de las víctimas expusieron sus argumentos hoy, pero a diferencia de Sánchez, solicitaron la ratificación plena de la condena a Fujimori, tanto por homicidio como por secuestro agravado.

El martes será el turno del abogado del ex presidente, César Nakazaki, de exponer su pedido de que se anule la sentencia a Fujimori y que se le somete a un nuevo juicio; o que se le reduzca la pena.

Nakazaki también ha pedido que se modifique la condena por secuestro agravado a secuestro simple, y ha señalado que un sentenciado por secuestro agravado recibe el mismo tratamiento que un condenado por terrorismo, al que no se le reconoce el derecho a recibir beneficios penitenciarios, como el canje de días de pena por trabajo en cárcel.

Fujimori ha recibido cuatro condenas, una de seis años de cárcel por usurpación de funciones en diciembre del 2007; la de 25 años por las dos matanzas en abril pasado; una de siete años y medio de cárcel por un pago ilegal de 15 millones de dólares a su ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos en julio; y una de seis años por interceptaciones telefónicas, soborno de congresistas y compra de la línea informativa de medios de comunicación con dineros del estado en octubre último.

En Perú las penas no se acumulan sino que rige la mayor. Fujimori, de 71 años y cuya salud está resquebrajada por una hipertensión crónica y dolencias gástricas, admitió su responsabilidad en todos los casos, menos en el de las matanzas.

Nakazaki dijo que lo hizo solamente por considerar infructuosa cualquier batalla legal en el sistema judicial peruano, que afirma está parcializado en su contra.

Fujimori cumple sus condenas en un ambiente especial de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en Lima.