Sus libros y artículos sobre Derecho Penal son citados desde hace años en los fallos de la Corte Suprema. Representó a los gobiernos de Estados Unidos y Perú en el "caso Letelier" y en la extradición de Alberto Fujimori, respectivamente. Y si bien a sus 85 años ya podría estar retirado, el profesor emérito de la Universidad de Chile Alfredo Etcheberry, también integrante de la denominada "Comisión Engel", planifica el seminario del viernes 17, donde varios expertos abordarán en la facultad de esa casa de estudios sus propuestas para un nuevo Código Penal.

¿Comparte la postura de que la nueva ley impuso medidas draconianas para la constitución de partidos?

No, el Consejo Engel no formuló recomendaciones legales específicas respecto de eso: pidió mayor autonomía y mayores facultades para el Servel, pero no hizo proposiciones concretas respecto de las condiciones para el refichaje, para la postulación de candidatos. Eso se hizo en el Parlamento y con votos de todos los sectores políticos. Lo que ha habido acá es desidia de las directivas políticas en activarse, en refichar a su gente, y en eso hay que buscar algún remedio, porque tampoco puede ser que por falta de cumplimiento de ese refichaje se llegue a una elección sin partidos políticos.

¿Cree que pueda darse un golpe al sistema político el que algunos partidos no puedan constituirse?

Soy partidario del régimen más liberal y amplio posible en cuanto a la constitución de nuevos partidos. Pero debe darse la exigencia de un cierto resultado mínimo para poder subsistir como partido, porque el organismo que se constituye como tal recibe muchos beneficios del Estado. Desde luego, se le ayuda en el financiamiento de sus campañas y después está todo lo que es necesario para una elección, desde la constitución de las mesas hasta los materiales. En Inglaterra, no sé si todavía está vigente, pero ha sido una práctica tradicional que el candidato que postula tiene que depositar una fianza de garantía, y si no obtiene el 5% de los votos, pierde esa fianza. No sé si un sistema tan estricto podría aplicarse aquí, pero de todas maneras para la subsistencia de un partido debía exigírsele algún mínimo de resultado electoral.

¿Cuál cree fue el problema? ¿Se legisló bajo el fragor de los casos de financiamiento irregular de la política?

Como se hace recurrentemente acá, es verdad que sucedió eso.

¿Y lo que hizo el Consejo Engel...?

Hay un desconocimiento general, porque el Consejo Engel se preocupó principalmente de los aportes a los partidos políticos, los aportes monetarios, tanto del Estado como de los particulares, etc., pero no formuló recomendaciones que sean estrictamente políticas, sino más bien en cuanto a una relación economía y política, dinero y política. La ley la hicieron ellos mismos.

Hacia un nuevo Código Penal

Varios intentos se han hecho por modificar el Código Penal vigente, que data de 1874. En XV títulos y 246 páginas Etcheberry dejó plasmado un anteproyecto que para él tiene como objetivo "volver al derecho penal humanizador", contraponiéndose a las iniciativas que se legislan para subir penas al calor de casos puntuales. "Esas leyes se han hecho de forma precipitada y son rigoristas", objeta.

¿Qué propone?

Creo que una política criminal bien concebida debe ir encaminada en la prevención del delito, tratar de que el delito no ocurra. Una política que espera que el delito sea cometido para reaccionar es una mala política criminal, no va a evitar los delitos. Y segundo, la reacción puramente penal no es la más adecuada. El aumento en el rigor de las penas no disuade a los delincuentes. No sé de ningún delincuente que lea el Diario Oficial para saber cuál es la pena del delito que piensa cometer y ninguno dice: '¡Ah!, hasta ahora el hurto tenía pena de presidio menor en grado mínimo, ahora se lo subieron a medio y ya no cometo más hurto!'.

En cuánto a penas, ¿qué plantea?

Una pena máxima de 15 años de presidio efectivo para los delitos más graves. Una de las finalidades del Derecho Penal es la reinserción o reforma del delincuente a las condiciones normales de vida social. Las penas privativas de libertad excesivamente largas y las condiciones infrahumanas de las cárceles no ayudan. Si a eso le sumas la desconfianza de la sociedad cuando esa persona sale de la cárcel... La reincidencia del delito no es el fracaso del delincuente, es el fracaso de la política criminal que no logró reinsertarlo.

En su texto propone liberar presos cuando las cárceles alcancen sus estándares de población...

Si una cárcel está concebida para tener 100 presos, porque hay 100 celdas, y es condenada otra persona que tiene que entrar ahí, tiene que salir uno de los que están para que no se produzca hacinamiento. Un reglamento dirá cuál sale, el que lleva más tiempo, al que le falte menos para salir, el que ha observado mejor conducta...

¿Y cree que estamos preparados para medidas de ese tipo?

¿Usted notaría si sale uno de la cárcel?

No, seguramente no...

No, ni estaría alarmada, porque al revés, estaría satisfecha de que el recién condenado por el crimen nuevo que está vivo en la memoria de la gente entre a cumplir su pena y no que salga uno que cometió un delito hace 20 años.

Propone también eliminar los antecedentes de un condenado...

Es necesario prohibir las discriminaciones arbitrarias que se hagan a una persona por haber estado preso. Facilitar también la rehabilitación y, en ese sentido, me parece razonable borrar los antecedentes penales de la persona en un plazo de cinco años si esa persona demuestra estar reinsertada, con trabajo estable, buena conducta... etc.

¿Cómo califica la persecución penal de la fiscalía?

Me quiere hacer pelear con la fiscalía (ríe). Creo varias cosas: primero, que los fiscales se esfuerzan en trabajar e investigar, que es lo más importante, y el actual sistema es mejor que el de los jueces que investigaban y después fallaban ellos mismos. Pero hay algunos fiscales a los cuales la publicidad de sus causas los atrae y hay fiscales que buscan figuración a través de sus causas y eso no me parece. En la medida en que eso no le haga faltar a sus deberes, puede ser aceptable. Pero lo que francamente no me gusta tanto es el exceso de relaciones públicas respecto de los asuntos que llevan con casos que no han sido formalizados o no han sido objeto de acusación y no están en juicio.

¿Es porque el acto de la formalización aún es incomprendido?

Claro. La institución de la formalización fue concebida cuando se dictó la ley como una medida en beneficio del investigado, para decirle 'lo estamos investigando', 'búsquese un abogado ', 'reúna los elementos necesarios para defenderse'. Sin embargo, se ha transformado en la sucesora de la antigua declaratoria de reo, o sea, la persona ante los ojos de la opinión pública aparece como que hay suficientes antecedentes, equivale como a una condena anticipada y eso es muy preocupante.