"No son superhéroes con capas", afirmó el fiscal nacional, Jorge Abbott, cuando se le preguntó por el rol que tienen los fiscales que él dirige, luego de su segunda cuenta pública como máxima autoridad del Ministerio Público, rendida en abril pasado. "Lo que somos es ser simples funcionarios públicos con facultades, potestades y obligaciones que tenemos que cumplir cabalmente", dijo el persecutor en esa ocasión a La Tercera.
La tarea que cumplen los fiscales es fundamental. Su figura apareció con la Reforma Procesal Penal, en el año 2000, como representantes de la comunidad ante la persecución de un delito. Ellos dirigen la investigación y el actuar de las policías mientras dura el proceso. Además, son los encargados de presentar y sostener una acusación ante los tribunales. Tienen bajo su responsabilidad, también, la atención y la protección de las víctimas y los testigos.
En esa función pública, la formación de los fiscales como abogados es fundamental. Ahí radica la pregunta: ¿En qué universidad estudiaron? La Tercera solicitó por Transparencia al Ministerio Público información de las instituciones desde donde egresaron los abogados que hoy trabajan en la fiscalía a nivel nacional. En la lista de 709 persecutores enviada por la entidad, figuraban 37 casas de estudio distintas, cuatro de ellas extranjeras, 15 que son parte del Consejo de Rectores (Cruch) y 18, instituciones privadas.
En el análisis de la cantidad de fiscales según casa de estudio, el 70% (500) se tituló desde universidades que pertenecen al Cruch, el 29% (205) se formó en instituciones privadas y el resto en casas de estudios de otros países. Asimismo, es la Universidad de Chile la que lidera la formación de los fiscales vigentes (133 abogados). Le siguen la U. de Concepción (93) y la U. Central, con 56 persecutores activos (ver infografía).
El vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, afirmó que el elevado porcentaje de fiscales egresados desde universidades tradicionales es "una noticia positiva", especialmente al considerar lo acotado que son las carreras de Derecho impartidas por las entidades del Cruch, frente a la amplia oferta dispuesta por las entidades privadas.
"Si se compara la cantidad de programas ofrecidos, considerando las modalidades diurna, vespertina y las distintas sedes regionales, se cuentan 116 programas en las instituciones privadas y 23 en las del Cruch", dijo Valle. El rector agregó que "en las universidades tradicionales se da una diversidad social, cultural e intelectual que promueve procesos formativos más deliberativos, y es por esto que existen más posibilidades de que estos estudiantes miren con mayor frecuencia la actividad pública como un destino valioso".
El decano de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, afirmó que "nuestra facultad tiene la convicción de que debe destacarse por ofrecer una formación integral. Nuestra malla semiflexible permite a los estudiantes que, además de los cursos obligatorios de Derecho Penal y Procesal Penal, tengan un gran número de cursos electivos enfocados en dichas materias (...). Tenemos cursos sobre los más diversos ámbitos del Derecho Penal, como menores y adolescentes, penal económico, terrorismo, probidad y criminología, entre otros. Sumado a lo anterior, tenemos una vibrante vida académica en torno a estos temas".
Desde la U. Central, institución privada que mayor número de fiscales ha titulado, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Emilio Oñate, aseguró que en esto influye "el perfil de egreso de los estudiantes, que son fuertemente preparados para la litigación desde el primer año, con talleres y clínicas jurídicas que desarrollan sus capacidades orales, de argumentación y estratégicas. Además, tenemos un acuerdo con el Ministerio Público para generar pasantías para nuestros estudiantes, quienes toman contacto directo con el rol de esta entidad pública".
Su par de la U. de Concepción, el decano José Luis Diez, afirmó que "la facultad desde el comienzo de la Reforma Procesal Penal se interesó y creó cursos de capacitación y electivos. Actualmente, tenemos un centro de litigación y todos los exámenes son orales". A la vez, sostuvo que los fiscales "deben tener una sólida formación en el Derecho Penal y un gran sentido de la responsabilidad, que se manifiesta en una proactividad en la búsqueda de la verdad".
Algunos ejemplos
Es de conocimiento público que el fiscal nacional, Jorge Abbott, se formó como abogado en la U. Católica de Valparaíso. Pero ¿dónde estudiaron los persecutores jefes de regiones? Once de estos 18 fiscales se titularon en instituciones del Consejo de Rectores, y cinco de ellos provienen de la U. de Chile.
El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, dijo que "en la U. de Chile, tradicionalmente, hay un fuerte énfasis en los temas públicos y una vocación por aquellas instituciones que modelan la República. Es natural que muchos de los fiscales y jueces provengamos de esta universidad". Asimismo, el persecutor que lidera las investigaciones del caso Penta agregó que "desde hace cinco años participo como docente en Diplomados que imparte la U. Católica, donde abogados titulados de distintas universidades se perfeccionan en el sistema procesal penal y en litigación, y muchos de ellos después han ingresado a trabajar también en la fiscalía. Hay ahí un aporte importante para la formación de los profesionales".
Para el académico de la U. Diego Portales y presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce, la formación académica no es suficiente y se requieren "procesos de capacitación especializada".
Afirmó que "los fiscales son el corazón de la Reforma Procesal Penal y en su desempeño, en estos 17 años, han mostrado porcentajes bien razonables de resolución de casos y en tiempos apropiados". Añadió que "se está comenzando a notar una pérdida de la calidad en el trabajo de la fiscalía, ya que se ha cerrado para abogados que trabajan fuera de ella".