Facturas falsas, delitos tributarios, cohecho, soborno, malversación y hasta negociación incompatible. Estos son algunos de los delitos que el Ministerio Público ha invocado para la apertura de investigaciones en el último tiempo.
Se ha sabido de diligencias, toma de declaraciones y, también, de formalizaciones. Sin embargo, surge una interrogante: ¿Cuánto dinero le ha costado a la fiscalía investigar estos casos?
Es por ello que La Tercera solicitó a la Fiscalía Nacional, a través de la Ley de Transparencia, revelar cuánto dinero se ha destinado a la persecución de los ilícitos en los casos más bullados de posible corrupción.
Se solicitaron los costos del caso basura, donde se indagan eventuales negocios irregulares entre una empresa dedicada a la recolección de desechos y municipios del sector occidente de la Región Metropolitana; Penta, causa destinada a establecer delitos tributarios asociados al financiamiento de la política; el caso SQM, donde también se persiguen delitos relacionados al financiamiento a la política y el supuesto cohecho de un privado a parlamentarios, y Caval, donde se investiga el proceso de compra y venta de terrenos de la empresa donde es socia Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, en Machalí.
Para determinar el costo de cada uno de estos casos, se consideraron remuneraciones a fiscales y a abogados asistentes, viáticos, traslados y arriendo de inmuebles (ver infografía). En total, según las cifras de la Fiscalía Nacional, se han destinado $ 268.747.741 para estos casos.
SQM: la causa más cara
En el desglose de los valores, la que acumula la mayor cantidad de recursos es SQM (incluida la arista de cohecho). En total, esta investigación ha recibido $ 133.306.421.
El equipo de 14 personas obtuvo, entre diciembre de 2015 y agosto de este año, cerca de $ 12 millones, donde se incluyen viáticos y traslados. En tanto, para la fiscal exclusiva de la causa, Carmen Gloria Segura, se han destinado $ 68 millones en 16 meses. También se incluyó el arriendo de las oficinas, por $ 35 millones, y el pago a un auxiliar exclusivo, por $ 16 millones.
En cuanto al pago de remuneraciones de la fiscal Segura, la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó que ese corresponde a su sueldo y no a dineros extras: "Es una remuneración bruta de una fiscal grado 6, por los 16 meses de trabajo como dedicación exclusiva". Segura es la única que ha tenido exclusividad desde que asumió, primero en los casos Penta y SQM, y después sólo en SQM (ver entrevista secundaria).
El caso SQM partió como una arista del caso Penta, cuando el fiscal Carlos Gajardo investigaba los aportes del grupo económico a miembros de la UDI. A partir de la recopilación de antecedentes, se extendió una nueva hebra investigativa que llevó a que se indagaran pagos a figuras de todo el espectro político del país, por parte de la minera no metálica SQM. Esta causa fue separada y se le dio un rol único aparte (número que sirve para identificar las investigaciones), y actualmente está bajo el alero del fiscal regional de la Quinta Región, Pablo Gómez, aunque la fiscal exclusiva es Segura.
Otra causa de donde se indaga presunta corrupción es el caso Corpesca (donde se investigan delitos tributarios y cohecho, asociado al pago de pesqueras a políticos). Sin embargo, no se incorporó en este catastro por "no tener fiscal exclusivo", según explicaron desde la Fiscalía Nacional.
En esta indagatoria han intervenido los fiscales Gonzalo Guerrero, Manuel Guerra, Carlos Gajardo, Sabas Chahuán, Ximena Chong, Emiliano Arias y, actualmente, Julio Contardo. En ésta sólo se ha incurrido en gastos de viático, por $ 200 mil.
En cuanto a los valores de costo de cada indagatoria, SQM es secundada por el caso basura, el que tiene un presupuesto de $ 97.550 millones; le siguen el caso Penta, con $ 35 millones, y el caso Caval, con sólo $ 2,2 millones. Desde la fiscalía explicaron que en este caso no hay fiscal exclusivo y sólo se han costeado viáticos y traslados.
Efectividad
Los recursos del Ministerio Público para estos casos despertaron diferentes interpretaciones. Una de ellas es la de Alberto Precht, director ejecutivo de la ONG Chile Trasparente, quien señaló que "los delitos económicos y de corrupción requieren una cantidad importante de recursos y también de personal especializado, por lo cual, en eso se ve un avance importante. Sin embargo, a uno le gustaría que el Ministerio Público le entregara las mismas herramientas a otro tipo de delitos, pero en estos casos, por ejemplo, la de SQM es una causa de complejidad que requiere esta atención".
Agregó que "sería importante saber cuál es el nivel de efectividad, porque no siempre está garantizado. Por ejemplo, en el caso bombas, donde se destinaron recursos y casi todos quedaron absueltos".
En tanto, el defensor nacional, Andrés Mahnke, sostuvo que "la especialización y la exclusividad en las indagatorias habla muy bien de un sistema que está apuntando a la calidad de las investigaciones".
Por su parte, el querellante del caso SQM y Corpesca, abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, destacó que se invirtiera en persecuciones de este tipo, aunque advirtió la calidad de algunas pesquisas.
"Para mejorar la persecución criminal no se necesita más dinero, sino que se cambie la forma en que se designan cargos (...). No tiene sentido que el Estado destine sumas millonarias en un caso como SQM, si finalmente el fiscal a cargo no demuestra tener la voluntad, ni la competencia para llegar al fondo de lo sucedido en todas y cada una de las denuncias sobre financiamiento ilícito de esa arista", dijo Daza.
