El acuerdo alcanzado hoy entre la Fiscalía peruana y la empresa brasileña Odebrecht para obtener información y una compensación por las coimas que entregó a funcionarios peruanos abre la puerta a una pronta solución de un caso que puede salpicar prácticamente a la totalidad de la clase política peruana.

El anuncio de este pacto fue realizado por el Ministerio Público, que indicó que se produjo tras 11 horas de negociaciones con la empresa bajo el fin último de acortar el tiempo de las indagaciones, tanto en el país como en el exterior, sobre las ramificaciones en Perú del escándalo de corrupción en el que está implicada la compañía brasileña.

En virtud del convenio, Odebrecht entregará a la Fiscalía toda información o documentación que le sea requerida, incluso cuando esta se encuentre en otros países, además de dar en los próximos días US$ 9 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal.

Según subrayó la Fiscalía, este monto no constituye ni la suma total que la empresa deberá pagar como indemnización al país ni forma parte de la reparación civil que deberá afrontar, cifra que se acordará más adelante, sino que se trata de una "devolución de ganancias ilícitas".

Con este paso se acerca la resolución del caso de corrupción, que cobró mayor fuerza a finales del año pasado cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciara que, según confesó la empresa en un acuerdo similar al alcanzado hoy con Perú, esta pagó US$ 29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.

Esos años comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), así como a numerosos gobernadores y alcaldes.

También podrá afectar al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se desempeñó como primer ministro y ministro de Economía en tiempos de Toledo.

Se espera que los tres expresidentes sean convocados por la comisión para explicar su posible implicancia con los sobornos.