"El general (Flavio Echeverría Cortez) está siendo llamado a retiro por una condición de mando". La frase es del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien de esta manera, el 6 de marzo, separaba la responsabilidad directa e indirecta de los oficiales desvinculados de la institución por el fraude de casi $ 9 mil millones al interior de las filas de la policía uniformada. Sin embargo, los antecedentes del Ministerio Público sobre el alto oficial no coincidirían con los que entregó la máxima autoridad de la institución.

El general (r) Echeverría pertenecía al alto mando y se desempeñaba hasta ese día como jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros, unidad donde se habrían ejecutado los delitos de fraude al Fisco, malversación y lavado de activos, entre 2011 y 2015. Según los antecedentes del caso, un grupo de oficiales se dedicaba a desviar fondos institucionales a cuentas personales de terceros para después obtener el mismo dinero en efectivo, el que era gastado en bienes raíces, vehículos y sociedades.

Para el esclarecimiento de estos hechos, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, indaga el caso, en conjunto con un equipo del OS-7 de Carabineros, desde octubre de 2016. Es por ello que desde esa fecha se analizan los movimientos de la Dirección de Finanzas de la policía uniformada, incluido los de su jefe.

Así da cuenta un informe que el fiscal Campos remitió el 12 de marzo al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, y que ayer era de público acceso en el sitio web del Poder Judicial, donde solicita algunas medidas cautelares en relación con los autos, inmuebles y sociedades de las personas investigadas. Al explicar el rol de cada uno de los sospechosos (ver página 4), en lo que el persecutor calificó como una "organización criminal", se hace alusión al general (r) Flavio Echeverría.

El alto oficial en retiro fue sindicado por la fiscalía como "partícipe de los hechos investigados. General de Carabineros y jefe de Héctor Nail (señalado como líder del fraude), con pleno conocimiento de las actividades ilícitas que éste desarrollaba. Se indaga actualmente su rol dentro de la organización criminal". Echeverría llegó al alto mando (conformado por generales inspectores de la institución) en 2011 y fue ratificado en su cargo en 2016.

Alzamiento bancario

Pero la presentación de la fiscalía al tribunal no es el único documento que apunta a Echeverría. Aunque el 6 de marzo el general director lo excluyó de su eventual responsabilidad de mando, ya en febrero el ente persecutor lo tenía en su radar.

El 4 de febrero, el fiscal Campos solicitó al tribunal alzar el secreto bancario del general (r) -y también el de los otros imputados en el caso-, el cual fue autorizado por el juzgado. En la resolución firmada por el juez Juan Villa se deja constancia de la entrega de los antecedentes aportados por el Ministerio Público y se señala el "Registro de Operaciones en Efectivo, en el que se detallan operaciones bancarias a nombre de Flavio José Echeverría Cortés por montos de $ 140.000.000 (18/04/2011), $ 15.400.000 (11/05/2011), $ 12.000.000 (28/09/2011) y $ 8.000.000 (09/02/2015)".

Esta información, entre otras, llevó al magistrado a alzar el secreto bancario del alto oficial, pues "todo lo cual permite sustentar fundadas sospechas de haberse cometido o participado en la preparación o comisión de delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos".

Además, en el informe se exponen las declaraciones de los imputados en el caso. Uno de ellos, el teniente coronel (r) Pedro Valenzuela, quien apunta a Echeverría. Según se señala en el documento, Valenzuela "refiere además que el general Echeverría tendría pleno conocimiento de la situación, ya que habría participado de una reunión ocurrida a fines de febrero de 2017 en la oficina del Coronel (Jaime) Paz (también dado de baja y sindicado como líder del grupo), con el objeto de conocer lo que Valenzuela habría declarado en la investigación administrativa interna".

Vigilancia

Fue el 11 de enero, en el café Starbucks de calle Catedral, que el teniente coronel (r) Héctor Nail se reunió con Nelson Valenzuela (otro de los detenidos) y Patricio Miranda, (ver recuadros con fotos). Así, se señala en el informe que el OS-7 preparó para la investigación de la fiscalía, en el que se entregan detalles del seguimiento a los sospechosos. Según el informe enviado por el Ministerio Público al tribunal, en esta reunión se ve a un "ingeniero informático de la Unidad de Remuneraciones de Carabineros de Chile depositando un pendrive en el centro de la mesa que ocupaban Nail y Valenzuela. Posteriormente, se observa a este último guardándose el mencionado pendrive de manera sigilosa en su pantalón. Al respecto, según transcripciones de escuchas telefónicas incorporadas en los informes policiales, dicho pendrive contendría información de los archivos que estaban siendo pesquisados en la investigación llevada a cabo por Inspectoría de Carabineros".

[gallery columns="4" size="medium" ids="787498,787499,787500,787501"]

Otro de los antecedentes que se exponen por la fiscalía ante el tribunal es que en los primeros días de marzo algunos de los oficiales investigados ya estaban alertados del sumario interno. Según el documento, el capitán (9) Carlos Rojas Muñoz, "quien refiere a que el día 3 de marzo retiró del interior de un vehículo fiscal, asignado a (Jaime) Paz Meneses, que se encontraba en los estacionamientos ubicados en calle San Martín 1237, comuna de Santiago, $ 50.000.000 de dinero en efectivo, y que fueron dejados por parte del mismo Paz para ser entregados posteriormente por el mismo Rojas Muñoz para su devolución".

Según fuentes del caso, durante esta semana podrían haber más detenciones vinculadas a la investigación que involucra a carabineros y civiles en uno de los fraudes más cuantiosos del último tiempo.