La Fiscalía General de Bolivia ordenó la reapertura de las investigaciones sobre las desapariciones ocurridas durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), informó este jueves el fiscal Milton Mendoza.

El fiscal explicó que esta decisión responde a la demanda de los familiares de las víctimas de la dictadura, pues los investigadores a cargo del caso en los últimos seis meses decidieron cerrarlo la semana pasada por dificultades para hallar información.

En este marco, la Fiscalía designó el miércoles a Mendoza y a su colega Mirna Arancibia como nuevos investigadores de los casos.

"Hemos pedido a los fiscales que estaban a cargo de los casos que nos hagan un informe. Yo estoy revisando el cuaderno de investigaciones y me imagino que la próxima semana tendremos algunos actos operativos", indicó.

Apuntó que estas investigaciones han tenido "varias etapas" e incluso "extinciones por prescripción", por lo que en esta ocasión los fiscales asignados están decididos a lograr resultados positivos en beneficio de las familias de las víctimas.

En este sentido agregó que uno de los objetivos de la nueva investigación será lograr que las Fuerzas Armadas abran sus archivos para la búsqueda de las víctimas del régimen de Luis García Meza.

Dijo que "aún no se ha otorgado la información respectiva" sobre las desapariciones en la dictadura, pese a que existe una resolución del Gobierno de Evo Morales aprobada en mayo pasado.

Esta norma permite a los familiares de las víctimas de las dictaduras pedir los documentos clasificados con la ayuda de la privada Asamblea de Derechos Humanos, notarios y funcionarios del Ejecutivo.

Precisamente, una boliviana y una chilena familiares de desaparecidos durante las dictaduras de García Meza y de Hugo Bánzer (19711978) iniciaron ayer una protesta ante el edificio del Estado Mayor del Ejército para exigir que se cumpla esa resolución.

Con la nueva investigación, la Fiscalía también apunta a hallar los restos del maestro Renato Ticona, que desapareció en julio de 1980 en Oruro (oeste) y del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Juan Carlos Flores, desaparecidos en 1980 durante el asalto de paramilitares a la sede de la Central Obrera Boliviana.

Mendoza recordó que en diciembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció que el Estado debe indemnizar a la familia de Ticona con 435.000 dólares y sancionar a los culpables.

García Meza está preso desde hace 13 años en la cárcel de Chonchoncoro, situada a 4.000 metros de altitud y 35 kilómetros de El Alto, la misma en la que ingresó el pasado mes de agosto el que fue su ministro de Gobierno (Interior), Luis Arce Gómez, entregado por Estados Unidos.

García Meza y Arce Gómez, cabezas del golpe de estado del 17 de julio de 1980, deben cumplir en Bolivia una condena de 30 años de cárcel cada uno por los crímenes de su dictadura.