La obtención de los últimos seis años de antecedentes contables de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), entregados el viernes por el Servicio de Impuestos Internos (SII), no sólo permitirá a la fiscalía investigar presuntos delitos tributarios cometidos por la firma minera. También abrirá la puerta para que los investigadores citen a declarar a los directivos de la empresa para revelar los nombres, los montos y las razones detrás de los supuestos aportes irregulares que habrían realizado a campañas políticas.
La diligencia, aseguran fuentes ligadas a la investigación, apuntará al presidente del directorio, Julio Ponce, y al ex gerente general de la firma Patricio Contesse. Este último -removido del cargo que ocupó por 33 años- ya había sido citado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para declarar como imputado el 9 de febrero. En esta instancia, sin embargo, se acogió a su derecho a guardar silencio.
Una de las prioridades de la fiscalía, aseguran las mismas fuentes, será tomar declaración a José María Eyzaguirre, Alejandro Montero y Wayne Brownlee, representantes de la firma canadiense Potash Corporation Saskatchewan Inc, dueña del 32% de SQM, que el 18 de marzo renunciaron al directorio de la empresa. Tras su salida, la accionista minoritaria dijo, a través de un comunicado, que "no podemos asegurar una investigación apropiada dentro de la empresa ni que SQM colabore de forma efectiva con la fiscalía".
A la diligencia que ordenará la fiscalía se suma una solicitud enviada el 13 de marzo al fiscal nacional, Sabas Chahuán, por parte de los abogados Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo, de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en la causa. En el documento se pide interrogar en calidad de imputados a 12 "miembros del actual directorio y ex directivos de SQM", entre los que se encuentran Ponce; Wolf von Appen; Juan Antonio Guzmán, Hernán Büchi y los ex ejecutivos de finanzas de la minera Alvaro Araya y Eduardo Bottinelli.
Según el escrito, la diligencia se sustenta en la "negativa a la entrega voluntaria de los antecedentes contables de la compañía (entre) 2009 y 2014". Del mismo modo, argumentan, debido a que en medio de las pesquisas de la fiscalía y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se detectaron presuntas boletas ideológicamente falsas que vincularían al ex subsecretario de Minería "Pablo Wagner, Fulvio Rossi y Roberto León, elementos fundamentales para investigar el delito de cohecho agravado". También se pide el levantamiento del secreto bancario de SQM en el período 2009-2014.
La nueva pesquisa que iniciará el Ministerio Público, aseguran las mismas fuentes, replica lo ya realizado en la investigación del caso Penta, donde se interrogó a la plana ejecutiva y sus controladores, Carlos Délano y Carlos Lavín. También ocurrió cuando la fiscalía detectó supuestos contratos ficticios que vinculaban a la empresa CB Consultorías y Proyectos, lo cual derivó en la citación del empresario Manuel Cruzat y sus ejecutivos.
DECLARACIONES POLÍTICAS
Durante la jornada de ayer, el ex senador UDI Jovino Novoa se reunió con su equipo de abogados para definir la estrategia que tomará respecto de la segunda citación que recibió de parte de la fiscalía, para comparecer a dar su testimonio en relación al caso Penta.
Novoa está imputado por -según declaraciones de los controladores de Penta- ejercer el rol de recaudador de financiamiento para campañas políticas, en especial, para la senadora Ena von Baer.
El ex presidente UDI será el primero de la nueva ronda de declaraciones en acudir a la fiscalía, puesto que según confirmó al Ministerio Público, asistirá mañana a las dependencias de la Fiscalía Nacional. En los días siguientes, harán lo propio los parlamentarios en ejercicio Ena von Baer, Felipe de Mussy e Iván Moreira, también imputados en la causa.
