Los grupos paramilitares de ultraderecha, que operaron en Colombia entre comienzos de los años '80 y mediados de la década pasada, mataron a cerca de 150.000 personas, según evaluaciones de la Fiscalía General citadas hoy por la prensa de Bogotá.
Unos 32.000 integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en un proceso de negociación con el gobierno entre 2003 y 2006, de los cuales cerca de 2.000 han confesado alrededor de 30.000 asesinatos, de acuerdo con cifras reveladas hace varios meses por la Fiscalía.
Sin embargo, el diario "El Tiempo" señala que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, encargada de investigar las acciones paramilitares, logró documentar en 400 poblaciones del país unas 300.000 denuncias que se refieren al asesinato de al menos 150.000 personas.
Los paramilitares se acogieron a una ley aprobada por el Congreso a solicitud del gobierno para purgar como máximo ocho años de prisión por sus delitos. La norma es criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que la consideran laxa.
Los fiscales asignados a estos casos recuerdan que si la justicia logra comprobar la culpabilidad de un paramilitar en un delito no confesado, éste pierde los beneficios judiciales y puede ser condenado a 40 años de cárcel, de acuerdo con las normas ordinarias.
IDENTIFICACION
El jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, expresó a "El Tiempo" que uno de los retos de su despacho en 2010 es identificar a la mayor cantidad posible de los 2.828 cadáveres de víctimas de los paramilitares que han sido exhumados en los últimos tiempos de 2.316 fosas. Los expertos han logrado identificar a 721 personas.
González señaló que la Fiscalía hace esfuerzos para avanzar en los procesos y pedir la condena de los criminales, pero que también sería conveniente que el gobierno acepte las sugerencias de algunos sectores en torno a la creación de una Comisión de la Verdad que investigue estos casos.
"Yo creo que una Comisión de la Verdad no se repele ni se contrapone al proceso judicial. Siempre hay la necesidad de que haya justicia y que el aparato judicial actúe frente a los que cometen delitos de lesa humanidad. Pero eso no significa que sea Justicia y Paz la única instancia para saber qué pasó en el país en estos años", dijo González.
Asimismo, el fiscal dijo que la justicia colombiana "ha hecho bastante" en comparación con otros países donde también se cometieron delitos de lesa humanidad y que la eventual intervención de la Corte Penal Internacional no debería distraer a las autoridades locales.
