El fiscal de Calama, Cristián Aliaga, afirmó que no se autorizó a efectivos de la PDI para que ingresaran al colegio Vado de Topáter para que registraran a los alumnos de un 7° Básico, tras producirse un supuesto hurto de 700 mil pesos a unas profesoras.

"Se me informó la circunstancia del hurto de una cartera y lo que manifesté, que siendo menores inimputables y existiendo un régimen de convivencia al interior del colegio, el colegio tendrá los mecanismos para arbitrar responsabilidades si lo hubieran. Nunca se dio autorización de proceder", enfatizó el fiscal.

Los estudiantes denunciaron haber sido sometido a vejámenes por parte de los profesores y fincionarios de la PDI, cuando fueron registrados en búsqueda del dinero. Así lo manifestó uno de los menores afectados, quien señaló que los efectivos ingresaron al recinto y junto a profesores comenzaron a registrarlos.

"Viene el profesor y le dice (a uno de los alumnos) 'a ver vo' (sic) parece que tení (sic) plata, bájate los pantalones' (...) y el profesor vino y le bajó los pantalones".

Al mismo tiempo, dijo que "la señorita Gabriela acá, la revisó a una niña que le habían echado la plata, le metió las manos a los pechos a la niña y sacó los pañuelos así, le buscó, y ahí recién le encontró plata", comentó el niño. "Y a un compañero mío le dijo un PDI: 'dónde está la plata' y le mostró la pistola", sentenció.

"A las niñas nos hicieron desabrocharnos la falda y subirnos la polera y también sacarnos los zapatos con los calcetines", relataron las pequeñas.

En tanto una de las apoderadas indicó que "aquí se cerraron las puertas y los niños fueron revisados, fueron vejados en su integridad como personas".

"Ahora si los niños fueron revisados de esa forma, por qué no procedieron también con los profesores, con la gente de aseo, con los inspectores", añadió.

Por ello, los padres de los menores presuntamente vejados pusieron una denuncia en la Fiscalía Local de Calama.

Por su parte, el gobernador de El Loa, Luis Garrido, se manifestó preocupado por estos hechos al tiempo que precisó que "situaciones como esta no se pueden repetir" y expresó que "hoy día me he reunido con los apoderados que me han contado la versión de ellos. Yo quiero aclarar que aquí van a haber varias versiones y que nosotros vamos a tener que tener la capacidad para poder ver cuál es la real y llegar a un buen puerto".

Según dijo el propio gobernador, la denuncia del supuesto hurto la realizó la "esposa de un funcionario que llamó a su marido por esta situación de una pérdida de 700 mil pesos, me dice que la PDI consultó a la Fiscalía si podía proceder. La Fiscalía dijo que no podía proceder -estamos hablando de menores de edad- por lo tanto ellos (la PDI) me comentan de que ellos (los efectivos) no actuaron en el registro (de los menores)".

Al momento de producirse estos hechos, el gobernador explicó que la directora del colegio no se encontraba, sino que estaba a cargo del establecimiento la jefa de UTP.