A las 14 horas de este miércoles se conocerá el destino judicial de los nueve ciudadanos bolivianos -dos militares y siete funcionarios aduaneros-, detenidos el pasado 19 de marzo en la I Región.
Todo ellos fueron arrestados por Carabineros en un incidente fronterizo, en la localidad de Panavinto, Región de Tarapacá, y luego formalizados por robo con intimidación, contrabando y tenencia ilegal de arma.
Luego de tres meses en prisión preventiva, en la Cárcel de Alto Hospicio, este martes se realizó un procedimiento abreviado en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, ya que la defensa de los bolivianos desestimó solicitar el sobreseimiento de la causa.
Fue en ese contexto que el fiscal Hardy Torres aseguró que los imputados son autores en grado de consumado de los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de armas, por los cuales solicitó que se los declare culpables y se les multe con el pago de $ 32 millones 176 mil.
Los defensores de los imputados, Claudio Vila y Manuel Choque, rechazaron la acusación, y en una exposición que se extendió por más de una hora, entregaron la versión de los funcionarios bolivianos, respecto de cómo, según ellos, habría sucedido el incidente en la frontera, insistiendo que se trataba de un grupo de aduaneros y militares que desarrollaban una operación para combatir el contrabando en su país.
Luego, la magistrada Isabel Peña le preguntó a los acusados si querían tomar la palabra. Uno de ellos fue Juan Torres González, quien dijo: "Me parece muy extraño que funcionarios aduaneros que luchan contra el contrabando sean acusados de contrabando".
Y agregó: "En todo momento quisimos colaborar con los carabineros chilenos, en ningún momento faltamos el respeto, siempre hemos sido respetuosos, porque somos profesionales. Y, la verdad, duele mucho estar acá, lejos de la familia, de las personas que quieres, pero tenemos fe en la justicia chilena".
Otro de los que habló fue el capitán de Ejército, Alex Carvajal, quien insistió en que luchaban contra el contrabando.
"Era lo único que estábamos haciendo, luchando contra el contrabando que le hace mucho daño a mi país, que es una amenaza, un delito. Deberíamos juntar fuerzas para combatirlo", subrayó el uniformado.
Expulsión
Al término de la audiencia, el defensor Vila recalcó: "Esperamos que la magistrada haya acogido nuestros planteamientos y pruebas integradas en la carpeta investigativa, y así se nos otorgue la absolución total de los cargos o, en caso de ser condenados, la pena sustitutiva de expulsión del país".
El fiscal Hardy Torres, en tanto, dijo esperar "que el tribunal recoja los planteamientos hechos por esta fiscalía en torno a las penas solicitadas, las cuales pueden ser de cumplimiento efectivo o en el extranjero, acogiendo lo propuesto por la defensa. Las penas solicitadas no se suman, por lo tanto, esperaremos la resolución de la magistrada".
En caso de que la jueza decida expulsar a los bolivianos, se activaría un protocolo para que sean trasladados a la frontera.
Según la ley que establece normas sobre extranjeros en Chile, la encargada de concretar la expulsión de los nueve ciudadanos detenidos es la PDI. No obstante, si no existen unidades cercanas, "Carabineros cumplirá dichas funciones".
Desde el gobierno señalaron que no existe un plan especial para trasladar a los bolivianos a la frontera y que si la magistrado toma esa decisión, será un procedimiento de rutina.
