Distancia respecto del gobierno marcó este jueves el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, frente a la petición que hiciera el Ejecutivo referente a la rebaja de las medidas cautelares de los comuneros mapuche que se encuentran hace 114 días en huelga de hambre.
El persecutor, que dijo haberse enterado por "las noticias" de la determinación que anunció ayer el ministro del Interior Mario Fernández, aseveró que esta forma parte de sus atribuciones, pero que "aquello que haga el gobierno, en cuanto a querellante, no afecta el trabajo que hace la Fiscalía, que tiene una convicción, que se ha logrado luego de un trabajo objetivo en esa causa".
En ese sentido, sostuvo que la resolución "obedece a información o decisiones estratégicas con los cuales ellos cuentan y no la Fiscalía", puesto que el Ministerio Público "se debe al principio de objetividad y frente al caso que nos convoca, estamos convencidos de que los imputados participaron de un hecho gravísimo como es el ataque incendiario al templo".
De esa forma, el persecutor insistió en que, para ello, la única medida que garantiza los fines del procedimiento es la prisión preventiva, más aún cuando el día de ayer el tribunal dispuso revelar la identidad de algunos testigos, medida con la que aseveró discrepar.
"La Fiscalía, en ejercicio de sus facultades autónomas, y en tal sentido no obedece a presión alguna, entiende que en esta causa se mantienen los presupuestos para requerir que se mantenga la prisión preventiva de los imputados", sentenció Paredes.
En este contexto, cabe destacar que durante la jornada de este jueves, un segundo comunero en huelga, Benito Trangol, sufrió una descompensación, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital Intercultural de Nueva Imperial.
Las declaraciones del titular de la Fiscalía de La Araucanía, se dieron luego del encuentro que sostuvo con el directorio del Consejo Regional de Pastores de la región, encabezado por su presidente, el pastor Matías Sanhueza.
En la oportunidad los representantes de la congregación agradecieron el trabajo realizado por la Fiscalía en las investigaciones por atentados incendiarios que los han afectado y también manifestaron preocupación por la resolución de un juez de garantía que ayer obligó a los fiscales a revelar la identidad de los testigos en la causa por la quema del templo del sector Niágara.