La tensión entre el gobierno español y Cataluña se acrecienta a medida que se acerca la fecha en que los líderes de esta región tienen programado realizar el referendo independentista. A sólo seis días de que se lleve a cabo esta consulta, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sostuvo que hasta el momento a la Fiscalía no le ha parecido "oportuno" pedir la detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aunque admitió que es una posibilidad que queda "abierta".
En declaraciones a la radio Onda Cero, consignadas por la agencia Efe, señaló que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos por los preparativos del referéndum del 1 de octubre, calificado por la prensa como 1-O, al ir en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional.
Maza explicó que, al estar tipificado el delito de malversación con pena de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención. "Eso no quiere decir que se pida o no", matizó.
Maza también fue consultado por las críticas sobre una posible desproporción en la respuesta al desafío soberanista, algo que él dio por descartado. "Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento".
Unas de las preocupaciones que rondan en La Moncloa es lo que ocurrirá el lunes 2 de octubre respecto de la posibilidad de que Puigdemont opte por declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y sin que se produzcan acontecimientos violentos. En ese sentido, el diario El Mundo explica que el Código Penal, en su artículo 473, precisa que quienes hayan promovido o sostenido la rebelión y los jefes principales de la misma serán castigados con pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; en tanto que los que ejerzan un "mando subalterno" lo serán con 10 a 15 años de prisión e inhabilitación.
Al ser consultado por la posibilidad de ser detenido, el líder catalán dijo en una entrevista emitida el domingo en el programa Salvados, que "no sería una buena idea". Puigdemont sostuvo que "si tiene que pasar, haremos frente a cualquier situación". También insistió que el domingo se va a votar y que "no estamos cometiendo ningún crimen".
Por otro lado, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó a la policía regional catalana (Mossos D'Esquadra) que registre los colegios electorales y que requise todo el material relacionado con la celebración del referendo. El fiscal catalán, José María Romero de Tejada, solicitó al jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, identificar a los responsables de esos centros e interrogarlos, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación del gobierno de Cataluña solicitando su colaboración en la consulta.
La orden de la Fiscalía se produjo el mismo día en el que tuvo lugar en Barcelona la primera reunión convocada para coordinar la labor de las fuerzas de seguridad de cara a la celebración del referendo. En dicha reunión el número dos de la policía regional catalana, Ferrán López, mostró la disconformidad del cuerpo ante la decisión del gobierno español de asumir la coordinación del operativo policial que se desplegará para evitar la consulta ilegal.
Un sondeo divulgado por el diario El País el domingo reveló que el 61% de los catalanes cree que el referendo no puede ser considerado válido internacionalmente y menos de la mitad (un 40%) cree que se podrá celebrar con normalidad en todo el territorio de Cataluña.
