El Ministerio Público de Honduras pidió hoy ante la justicia la captura del ex Presidente Manuel Zelaya, dos ex ministros y otros dos ex funcionarios de su gobierno, contra quienes abrió un nuevo proceso por fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

La Fiscalía contra la Corrupción presentó el requerimiento ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, al que pidió que, si corresponde, ordene la captura de Zelaya y los otros cuatro señalados, informó una fuente judicial.

El caso, se refiere al desvío de casi US$ 1,6 millones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para gastos publicitarios de la Casa Presidencial, autorizados mediante un decreto ejecutivo emitido meses después de que se hizo el gasto.

Además de Zelaya, los acusados son sus ex ministros de la Presidencia y de Finanzas, Enrique Flores Lanza y Rebeca Santos, ambos prófugos por otro caso de supuesta corrupción; el ex viceministro de Finanzas José Antonio Borjas y el ex director del FHIS César Salgado.

Este es el segundo proceso que el Ministerio Público abre contra Zelaya por acusaciones de corrupción relacionadas con gastos publicitarios, pues por otro caso similar el ex mandatario tiene pendiente una orden de captura.

Desde el 31 de julio pasado, sobre Zelaya, Flores Lanza, Santos y el ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Jacobo Lagos hay orden de captura por falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude por la emisión irregular de un decreto para pagar US$ 1,4 millones en publicidad.

Asimismo, el ex gobernante tiene otra orden de captura por delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de poderes, relacionados con la consulta que intentó celebrar el 28 de junio, cuando fue derrocado, para promover una Asamblea Constituyente y que había sido declarada ilegal por varias instituciones del Estado.

La amnistía política vigente desde el lunes, beneficia a quienes estén acusados de delitos políticos como traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición, más varios delitos comunes conexos.

Sin embargo, la amnistía excluye los delitos de corrupción, de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.

El decreto establece que se deben cerrar los casos de personas beneficiadas por la amnistía, pero el Ministerio Público no ha anunciado su decisión sobre las acusaciones contra Zelaya por delitos políticos.

El ex Presidente hondureño se encuentra en República Dominicana desde el 27 de enero, cuando el nuevo mandatario del país, Porfirio Lobo, le otorgó un salvoconducto para que abandonara Honduras, tras permanecer más de cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, a donde llegó luego de volver clandestinamente al país, tras ser derrocado el 28 de junio de 2009.