Ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Zona Oriente, José Antonio Villalobos, pidió el miércoles una audiencia para formalizar a un ex funcionario de la embajada de México en Chile y a dos cubanos.
La fiscalía les imputa el presunto delito de tráfico de migrantes y falsificación y uso malicioso de instrumento privado, específicamente de documentos para obtener, al menos, 100 visas de turistas para ciudadanos cubanos, entre 2014 y 2015.
Según la indagatoria, que se inició el 26 de noviembre de 2015, tras una querella de la embajada de México, la supuesta red estaba compuesta por el ex funcionario consular L.R.M., de nacionalidad chilena, y los ciudadanos cubanos E.A. y R.T.
De acuerdo a la causa, los dos extranjeros tenían una agencia de turismo con la que habrían facilitado el ingreso de otros cubanos a Chile, y después habrían falsificado documentos (como contratos de trabajo, cotizaciones previsionales y liquidaciones de sueldo) que servirían para obtener la visa en la sede diplomática mexicana.
A cambio, los extranjeros debían pagar a los presuntos falsificadores US$ 5 mil (cerca de $ 3,4 millones). Luego, el ex funcionario consular (presuntamente coordinado con los ciudadanos cubanos) habría recibido estos documentos adulterados y aprobado la tramitación de las visas. Según la querella, el ardid permitía "a los cubanos utilizar el territorio mexicano de puente para ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos".
Prueba clave
Hace unas semanas, el fiscal Villalobos obtuvo -por orden judicial- el alzamiento del secreto bancario del ex funcionario que, por más de 34 años, trabajó en la embajada. En su cuenta bancaria se identificaron pagos sospechosos en el mismo período en que se aprobaron las visas cuestionadas. Se trataría de depósitos en efectivo que no coincidirían con su remuneración mensual de casi $ 900 mil.
Los montos en la mira de la fiscalía fluctuarían entre $ 500 mil y $ 600 mil. Estos antecedentes, según fuentes de la indagatoria, fueron claves para tomar la decisión de formalizar. Las mismas fuentes indicaron que estos dineros provendrían de pagos realizados por los ciudadanos cubanos, a cargo de la agencia de viajes, como también de personas que obtuvieron los permisos migratorios.
Además, la fiscalía obtuvo antecedentes en los computadores de los imputados, los cuales serían iguales a los documentos falsos que habría usado el ex funcionario consular para aprobar y entregar las visas. La fiscalía, junto analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, tomó declaraciones a las tres personas que serán formalizadas. Todos negaron los hechos.
En una investigación interna, hecha en julio de 2015, el ex funcionario de la embajada dijo que "no tengo nada que ver, por lo que pediría que se me presentaran los documentos supuestamente falsos; reitero que yo atendí a todas las personas, sin embargo, no significa que haya tenido que ver algo".
En tanto, las personas que habrían obtenido las visas de manera fraudulenta, según detallaron fuentes de la investigación, se encontrarían, en su mayoría, fuera de Chile.
