Cerca del mediodía, la fiscal jefe de Las Condes, Lorena Parra, y el fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Roberto Contreras, junto a un equipo del Cibercrimen de la PDI, llegaron hasta las oficinas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), ubicada en la avenida Andres Bello, en Las Condes. Tras varias horas en el lugar, incautaron una serie de antecedentes para investigar la denuncia por "captación o interceptación comunicaciones privadas" presentada el viernes por el gremio, luego de que pericias privadas detectaran un micrófono en la oficina de su presidente, Hermann von Mühlenbrock.

Un dispositivo similar había sido encontrado días antes en las oficinas del director de Carozzi y vicepresidente de Sofofa, José Juan Llugany.

Von Mühlenbrock entregó voluntariamente el material solicitado, entre ellos, su propio dispositivo celular, los libros de ingreso y las grabaciones de seguridad interna de la Sofofa en formato DVR. También se están pesquisando los servidores de los equipos computacionales del presidente y los dos vicepresidentes de Sofofa. El timonel del gremio fue citado, además, a declarar este martes en calidad de testigo a la Fiscalía de Las Condes.

El Ministerio Público investiga delitos de infracción a la Ley de Delitos Informáticos; infracción a la Ley de Telecomunicaciones, artículo 36 B; y al artículo 161 del Código Penal, respecto de captación o intervención de comunicaciones privadas.

"Nos constituimos en el tercer piso del edificio de la Sofofa con la finalidad de recabar la información. Se empadronaron también a las personas que están en calidad de testigo y se levantó información relevante, tanto de soporte documental como informático", dijo Contreras tras cerca de tres horas de incautaciones.

Sin embargo, el fiscal aclaró que en la diligencia no se retiraron los micrófonos, lo que ocurrió más tarde en las dependencias de la fiscalía. "No se levantaron los artefactos electrónicos, nos vamos a reunir ahora con la persona que está haciendo el peritaje encomendado por la presidencia de Sofofa y esperamos que, dentro de las próximas horas, se realice esa diligencia", dijo Contreras.

Declaración de Aros

Luego de la incautación en la Sofofa,  cerca de las 16.00 horas llegó a la fiscalía de Las Condes para entregar su declaración en calidad de testigo Rubén Zito Aros Oñate, el dueño de la empresa privada Profacis, a la que el gremio encargó inicialmente la investigación. Esta realizó un peritaje de cerca de 10 páginas que está adjunto a la denuncia presentada por la Sofofa.

En la instancia, que duró cerca de tres horas, Aros hizo entrega al Ministerio Público de los micrófonos. Según declaró, el artefacto de grabación de audio detectado en la Sofofa contaba, además, con una cámara para grabar videos.

De acuerdo a registros de Dicom, Aros Oñate no posee sociedades por lo que no tendría configuración legal (ver recuadro). Por ello, una de las diligencias que se podría efectuar sería pedir información al Servicio de Impuestos Internos para dilucidar si se trararía o no de una empresa informal. Al respecto, Aros declaró que sí tenía inicio de actividades pero sólo como persona natural. Explicó además que llegó a realizar este tipo de peritajes a través de un contacto en Carozzi.

En tanto, para este martes se espera que los fiscales y la PDI realicen diligencias en las oficinas de Carozzi, ubicada en la comuna de Buin.

El gremio responde

Tras designar a los fiscales a cargo de la investigación, por la mañana el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, apuntó a la Sofofa por no presentar inmediatamente la denuncia ante el Ministerio Público tras el hallazgo de un micrófono en la oficina Von Mühlenbrock, y realizar, en cambio, pesquisas internas que tardaron cerca de una semana.

En la misma línea, el fiscal Contreras aseguró que "dificulta un poco la labor investigativa el hecho de que la denuncia se haga en determinadas investigaciones de manera tardía".

Desde el gremio respondieron que apenas tuvieron los primeros antecedentes del hallazgo de un micrófono en la oficina en Carozzi se encargó a Profacis la revisión completa de las oficinas y equipos de comunicación del gremio.

Señalaron que prefirieron esperar debido a "que no era responsable causar alarma pública antes de tener, al menos, la certeza de si los equipos estaban o no operativos". Asimismo, indicaron que "en el contexto de un proceso eleccionario nos pareció prudente confirmar cualquier sospecha y, de haber algún hallazgo, tener el respaldo especializado acerca de su naturaleza, para acudir a los órganos públicos competentes".

En ese sentido, explicaron que "por mínimo de prudencia se esperó recibir el informe de Profacis, tras lo cual se tomó la decisión de hacer de inmediato la denuncia, la que fue comunicada al Comité Ejecutivo, quien la respaldó con la finalidad de investigar, esclarecer estos hechos y determinar a sus responsables. Todo en el lapso de una semana, que es un plazo absolutamente adecuado en relación a la seriedad y gravedad del tema."