Dos son los presuntos delitos que investiga la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, en el caso del supuesto uso indebido de los gastos reservados de Carabineros. Se trata de supuestos ilícitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.
El hecho de que se investigue bajo la primera de estas figuras penales permite tener la causa con carácter de secreto y, además, faculta a los investigadores ocupar mayores herramientas para realizar diligencias. En este caso, la fiscal Cañas ya ha interrogado, al menos, a dos imputados claves: el coronel (R) Jaime Paz, oficial del Escalafón de Intendencia de Carabineros, y al ex director de Finanzas de la institución, el general (R) Flavio Echeverría.
Este último declaró posibles irregularidades en la forma en que se ocupaban los gastos reservados por parte de generales y habría señalado que serían usados para fines particulares. También habría indicado que estos fondos se utilizaban como posibles sobresueldos, adjuntando una planilla con nombres y montos asociados al pago de dinero a altos oficiales. Entre ellos se encuentra el actual general director, Bruno Villalobos.
Anteriormente, en una declaración ante el fiscal Campos, Echeverría apuntó hacia la mala utilización de estos fondos de gran parte del Alto Mando de Carabineros. Sin embargo, advirtió que "cuando asumí el cargo heredé las directrices de continuar con la distribución de gastos reservados de parte del general Whipple, él me pasó la lista (con nombres de los oficiales que recibirían el dinero)".
Iván Whipple fue el director de Finanzas de la institución en el período previo a Echeverría. Consultado sobre las acusaciones, el abogado de Whipple, Alvaro Morales, dijo que "lo niego completamente. El nunca elaboró ninguna planilla de gastos reservados". En ese sentido, Pablo Araya, quien también representa al general (R), señaló que "él colaborará con la investigación en el caso de ser requerido por la fiscalía".
Fuentes de la investigación indicaron que el Ministerio Público apunta en su indagatoria al eventual delito de lavado de activos, ya que este caso derivó de la causa a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien comenzó las pesquisas del millonario fraude en Carabineros invocando este ilícito.
Parlamentarios
En tanto, los diputados de la comisión investigadora que analiza las presuntas irregularidades en la policía uniformada enfrentan posturas opuestas respecto de la permanencia en la institución del general director, Bruno Villalobos.
En una vereda están los diputados que piden la renuncia de la autoridad policial. El diputado DC Sergio Espejo manifestó que "lamentablemente, y dado que ni el general director ni su equipo han renunciado, me parece que lo obvio, lo sensato, lo razonable, es que sea el gobierno quien los pase a retiro".
En esa misma línea, el diputado PS Leonardo Soto sostuvo que Villalobos "debe dar un paso al costado. Debiese renunciar y, si no lo hace, el gobierno debiera tomar la decisión de llamarlo a retiro".
En tanto, el presidente de la comisión, Jaime Pilowsky (DC), aseguró que "no es función de la comisión ni respaldar ni quitar piso a ningún funcionario".
Otro grupo de la comisión respalda la labor del general director. Para el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, "Villalobos debe permanecer mientras todo este proceso continúe. En nada ayudaría confundir más de lo que ya está la institución, sustituyendo al alto mando".
Por su parte, la diputada UDI María José Hoffmann señaló que, "hasta ahora, el general Villalobos ha sido clave en establecer los hechos, y no tengo duda de que una vez hecha su labor y cerrado este duro capítulo institucional, podrá con mayor libertad dejar su mando".
La diputada RN Marcela Sabat, en tanto, indicó que "la continuidad del general Villalobos es altamente cuestionada. Su permanencia debe ser evaluada en forma urgente por la Presidenta".
