Un oficio reservado de 17 páginas envió el 18 de marzo el director del Servicio Electoral (Servel), Eduardo Charme, al fiscal nacional Sabas Chahuán. En este documento, el organismo entregó al Ministerio Público los nombres, cédulas de identidad y domicilios de 11 administradores electorales  que trabajaron en las campañas de ocho políticos y parlamentarios que son indagados por obtener presunto financiamiento irregular de éstas en el marco del caso Penta y en la arista SQM.

Con esta información, la fiscalía busca investigar el rol de los encargados de los procesos electorales entre 2009 y 2013 de los UDI Ena Von Baer, Iván Moreira, Felipe de Mussy, Joaquín Lavín, Pablo Zalaquett y Laurence Golborne. Además, del RN Alberto Cardemil y del precandidato presidencial, Andrés Velasco.

Según el documento entregado por el Servel, la administradora de Ena Von Baer -cuando ésta postuló a senadora en 2009- fue su hermana Antje Von Baer Jahn. En 2013, postuló al mismo cargo, siendo su encargado electoral José Bussenius Gatica, quien fue reemplazado el 25 de septiembre de ese año por Jorge Ilabaca Ilabaca.

De acuerdo al oficio, la administradora de Alberto Cardemil en la elección a diputado en 2009 y a senador en 2013, fue Paula Rojo. Ella es investigada por la fiscalía por su presunta vinculación con la emisión de boletas ideológicamente falsas a Penta para el financiamiento de la campaña de Cardemil.

En el caso de Pablo Zalaquett, tanto en las elecciones municipales de 2012 como en las senatoriales de 2013, tuvo como encargado electoral a Luis Bone Solano. Este último también fue administrador de campaña presidencial de Laurence Golborne en 2013, luego de que Cristián Valenzuela Bustos dejara su puesto.

Según el oficio, Iván Moreira tenía a Marcelo Alfaro Valdés como encargado en su carrera a diputado en 2009 y a senador en 2013. En tanto, cuando Joaquín Lavín postuló a senador en 2009 , su administrador fue Alvaro Muñoz Jorquera. El encargado de campaña del  diputado Felipe de Mussy en 2013 fue Jaime Matus. En tanto, Andrés Velasco tuvo como encargado a Juan Cristóbal Marshall Silva.

Informe de la Bridec

Otro de los informes esenciales en la investigación que llegó a manos del Ministerio Público fue el elaborado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en este se detalló el interrogatorio a seis personas que emitieron boletas de honorarios a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Tras la recepción de estas conclusiones, el 18 de marzo la fiscalía remitió dos de estas declaraciones al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondientes a Marisol Toro González y a su marido, el contador Osvaldo Opazo Lira. También envió al SII siete boletas de Toro y una de Opazo. Ambos fueron denunciados el martes pasado por Impuestos Internos por presunto delito tributario.

Según declaró Opazo a la Bridec "a partir del año 2008, aproximadamente, Guzmán (Roberto Guzmán Lyon, abogado que es estrecho colaborador del presidente del directorio de SQM, Julio Ponce), me señaló la posibilidad de girar una boleta por una parte de los honorarios que él recibía de Soquimich S.A., lo cual acepté, como forma de pago de mis remuneraciones (...) mencioné la posibilidad de emitir boletas de mi señora Marisol Toro González, entonces comencé a girar mensualmente estos documentos hasta fines del año 2009".

Agregó que "nunca he tenido contactos con políticos, ni he participado en campañas de ningún tipo. Los dinero recibidos los he ocupado en gastos de mi hogar. Jamás he entregado parte de estos pagos a terceras personas".

En tanto, Marisol Toro declaró que "mi esposo (...) emite boletas las cuales se encuentran registradas a mi nombre, instancia que es desarrollada desde el año 2005 o 2006 aproximadamente a la fecha". Añadió que desconocía "cuál es el servicio específico que prestó mi marido a dicha empresa (SQM), solo sé que hace contabilidades externas".

Otra de las interrogadas fue la concuñada del senador PS Fulvio Rossi, María Valentina Martínez Zaror, quien es investigada por una boleta emitida el 7 de julio de 2009 por $ 4,4 millones a SQM. "Efectivamente emití dicha boleta (...) el trabajo consistió en una investigación y seguimiento de redes sociales sobre los movimientos (ambientalistas) que habían entre SQM y el Salar del Llamara". Dijo no recordar las conclusiones del trabajo que desarrolló, ni la cuenta de correo, Facebook o Twitter que usó para hacer  el trabajo, y negó conocer a algún político ligado a SQM.