Fiscalía indaga rol de oficial de alto mando de la PDI en caso de presunta malversación

Una investigación reservada por presunta malversación está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte junto al OS-9 de Carabineros. Esta apunta a aclarar la existencia de presuntas irregularidades en gastos realizados con fondos presupuestarios de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

La indagación se originó tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en octubre de 2012, que señala que los fondos cuestionados fueron aprobados a fines de 2007 por el entonces jefe (S) de Logística, Leonardo Acuña Vilches. Este oficial tiene actualmente el cargo de subdirector administrativo de la PDI, siendo uno de los tres hombres de más alto rango en la institución. La indagación también busca aclarar el rol de los funcionarios del área jurídica de la unidad de Logística y de todos quienes participaron en el proceso.

De acuerdo con la querella -que se dirige en contra de quienes resulten responsables-, los hechos que configuran la presunta malversación corresponden a una licitación que se adjudicó una empresa en 2007, a la que se le continuó pagando sus servicios en 2009 y 2010 "con una renovación irregular del convenio", efectuándose "pagos en exceso" por $ 40 millones en total. Se trata de la Sociedad de Asesorías y Servicios de Informática Limitada (Assin Ltda.), encargada de prestar el servicio de digitación de tarjetas de control migratorio.

Según el CDE, la licitación estipuló que el costó sería de $ 85 millones más IVA, es decir, por $ 101 millones en total. No obstante, cuando se elaboró el contrato que firmó Acuña Vilches, se dejó constancia que el valor del servicio sería de $ 101 millones más IVA, dando un total de $ 120 millones. Es decir, se le aplicó IVA a un valor  que ya tenía considerado este gravamen.

Según la querella, "dicha proposición fue ratificada mediante resolución (...) de 2007, por el jefe de la Jefatura de Logística (S), Leonardo Acuña Vilches, (...) el contrato muestra irregularidades en la renovación automática del convenio, a la no existencia de boleta de garantía y la falta de envío al órgano contralor de las bases para su control de legalidad". El texto agrega que "existen una serie de hechos que sobrepasan el límite de la infracción administrativa, constituyendo derechamente ilícitos penales". Este pago en exceso se realizó en 2009 y 2010, donde se pagaron $ 20 millones de más por año. De esta forma, según el CDE, el sobrepago a los servicios prestados en ese período -donde nunca se pasó por un proceso de licitación- ascendió a $ 40.514.364.

Consultado por la situación, Leonidas Tamblay, gerente general de Assin Ltda., dijo que "del 31 de diciembre de 2008, terminado el contrato, le hicimos llegar a la PDI  una carta donde le indicábamos que si deseaban hacer un nuevo contrato o renovar éste, nosotros requeríamos renovar nuestra tarifa del IPC en un 15%. Entonces, desde 2009 funcionamos con esa nueva tarifa".

Respecto de la renovación automática del convenio señaló que "nunca me llamó la atención que no me llamaran a firmar un nuevo contrato y esa situación se repitió en 2010 y 2011, año en que la Contraloría objetó que se siguiera trabajando sin nuevas licitaciones y con una tarifa distinta a la de 2008".

VERSION DE LA POLICIA

El jefe nacional de asuntos públicos de la PDI, subprefecto Christian Lucero, indicó que la fiscalía solicitó diligencias investigativas que guardan relación con esta licitación y que el sumario interno se encuentra en su fase final. "Basado en el informe de Contraloría, en dicha adjudicación erróneamente se dictó la resolución de 2007 que otorga el contrato a la referida empresa por la suma de $ 101.284.470 más IVA, lo que no se condice con lo señalado en el acta respectiva. Sin embargo, el error de transcripción no significó una pérdida patrimonial para el Fisco durante el primer año de vigencia del contrato (...) toda vez que la orden de compra (...) fue por $ 85.113.000 más IVA".

Lucero agregó que "se produce un sobrepago de $ 20 millones, en 2009 y 2010, consecuencia de este error de transcripción". Añadió que Acuña, "en su calidad de jefe subrogante de la Jefatura de Logística, firmó la resolución de adjudicación que tenía esta inconsistencia (error de transcripción) donde se consignó erradamente la expresión más IVA, debiendo decir IVA incluido". Acuña, a una semana de haber firmado el contrato, finalizó su subrogancia.