Durante una hora y media declaró ayer el intendente regional de Rancagua, Héctor Huenchullán (DC), ante el fiscal Luis Toledo. La diligencia, en calidad de testigo, forma parte de la investigación del Ministerio Público de la denuncia de intervención electoral que apunta a funcionarios públicos de la Sexta Región.

El interrogatorio se centró en la reunión realizada el 23 de julio, a la que fueron convocados autoridades y funcionarios que militan en la DC. Y, según fuentes cercanas a la investigación, una de las preguntas del fiscal al intendente apuntó a si el encuentro fue autorizado por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.

Las dudas de la fiscalía surgieron después de las declaraciones de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), quien afirmó que "el intendente tenía la autorización del ministro para realizar este tipo de reuniones".

Tras la diligencia, sin embargo, el intendente sostuvo que "lo que consigné en mi declaración es que no es verdad. No lo ha pedido el ministro".

En la fiscalía, en todo caso, continuarán con la indagación de esta arista. De hecho, para mañana está citada la diputada Sepúlveda, quien deberá explicar sus declaraciones.

Las pesquisas de la fiscalía surgieron tras la denuncia de Sepúlveda y el diputado Esteban Valenzuela, respecto del mail que citaba a la reunión a la que también asistieron los candidatos parlamentarios DC en esa zona.

El correo, enviado por la secretaria regional del partido, Sara Romero, señalaba que en la cita los funcionarios debían entregar una serie de documentos, como los beneficiados por planes sociales en la región. Y la fiscalía indaga si la entrega de esa información configura el delito de violación de reserva de los funcionarios públicos.

Ayer, también fueron interrogados 10 de los funcionarios que asistieron a la cita, además de la secretaria Sara Romero, como inculpada.