Una serie de diligencias en torno al Partido Comunista instruyó la semana pasada la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI. Esto en la causa en que se indaga presunto contrato simulado, estafa y falsificación de instrumento público, originada luego de que el Partido Regionalista Independiente (PRI) interpusiera una querella contra el presidente del PC, Guillermo Teillier, y los compradores del patrimonio inmobiliario del partido.

Tal como explican conocedores de la instrucción decretada por el fiscal Marcelo Carrasco, la PDI deberá tomar contacto con dirigentes del partido para requerir documentación relativa al PC y a la transacción de sus propiedades. Y según se agrega, esto se canalizará a través de la defensa del representante legal y presidente del colectivo, el abogado Ramón Sepúlveda.

Del mismo modo, se instruye solicitar al Servel información respecto a la normativa vigente, así como además pesquisar en el Archivo Judicial una serie de documentación notarial relativa a la transacción y a los inmuebles.

El PC está siendo indagado luego de que se diera a conocer que en 2016, con el objetivo de ajustarse a la nueva ley, el colectivo vendió la totalidad de las propiedades que hasta entonces rentabilizaba mediante arrendamientos, y cuyos fondos destinaba a financiar el funcionamiento normal del partido y sus campañas.

La transacción ocurrió el 3 de octubre del año pasado y se celebró entre Teillier y la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, cuya propiedad está compuesta por un académico y antiguo militante del PC, Ricardo Castro, y un ingeniero comercial no militante, Pablo González. La empresa, creada especialmente para realizar esta compra, es representada legalmente por un integrante del Comité Central del partido y que estuvo a la cabeza del proceso de refichaje, Ricardo Solé.

La relación de los compradores con el PC generó suspicacias en algunos sectores, ante la idea de que la transacción se tratara de un contrato entre el PC y compradores "palos blancos". De ahí que la oposición se activara en torno a que los hechos sean investigados y, tal como el PRI acudió con querella al Ministerio Público, la UDI y RN llegaron hasta el Servel para estampar una denuncia.

Pese a que la querella en fiscalía apunta a la existencia de presuntos delitos de estafa, contrato simulado y falsificación, los persecutores además indagan la posibilidad de que la transacción haya vulnerado la Ley de Partidos. Esto porque, según el artículo 35 ter de la Ley Orgánica Constitucional 18.603, los partidos "no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado, o cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado".

La fiscalía indaga entonces por qué el contrato celebrado entre el PC y Sociedad Inversiones Progreso SpA se realizó respecto del avalúo fiscal de las propiedades y no comercial. Esto, según el contrato, por un monto exacto de $ 3.086 millones, monto que tras ser repactado aumentó a cerca de $ 3.500 millones.

Servel activa indagatoria

Tanto la directiva del Partido Comunista como la del Partido Socialista deberán responder al "traslado" que el Servel oficiará en los próximos días. Esto es, entregar sus descargos por las denuncias interpuestas en su contra. Según explicó el director del Servicio, Raúl García, esa petición se circunscribe dentro de la apertura de un proceso sancionatorio en contra de ambos colectivos. "Corresponde abrir procesos sancionatorios, dentro de los cuales, como parte de la investigación, se les dará traslado a los partidos dentro de los próximos días", dijo a La Tercera el director.

Para el caso del PS, figuras de Chile Vamos denunciaron que el colectivo socialista habría confeccionado un mandato para administrar su patrimonio fuera de plazo. Luego de que una investigación periodística diera a conocer que había tenido inversiones en SQM, entre otras empresas, los dirigentes PS decidieron precisar a los administradores de su patrimonio aspectos restrictivos para invertir.

Según se dio a conocer, estas medidas apuntan a que prevalezcan principios de actuación en torno a la protección de los derechos de trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la probidad y la transparencia.

Así se adaptan los partidos a la ley

Operación retorno en la DC

Desde el año pasado que la Democracia Cristiana inició un proceso de recuperación de propiedades de un total de 31 inmuebles. Estas se encontraban bajo la administración de tres sociedades: Inmobiliaria 4 de Septiembre CpA, Círculo Azul, y Santa Lucía SAC. De acuerdo con las exigencias de una disposición transitoria que se creó con la nueva ley, la DC, en tramitación ante el Ministerio de Bienes Nacionales, adquirió la propiedad de estos inmuebles, los que en su mayoría estaban destinados al uso propio del partido.

La valorización de esos inmuebles se realizó en precios comerciales -convergencia IFRS- , ascendiendo su patrimonio inmueble a la cifra exacta, según un prebalance 2017, de $ 1.810.148.492.

En su balance correspondiente al año 2015, el mismo ítem denominado "terrenos" aparecía con el monto de $ 378.392.566.

Respecto de fondos en ahorros, en el partido que hoy dirige Carolina Goic se optó por sacar el dinero depositado a plazo y agregarlo en una de sus tres cuentas corrientes. Este monto asciende a $ 80 millones.

La DC, además, confeccionó manuales de procedimientos internos para que los gastos en todo Chile fueran realizados de acuerdo con un protocolo que apunta a elevar los estándares de probidad. Y, según explican, ya fueron auditados por Ossandón & Ossandón Consultores.

Desligarse de Asetec en RN

Durante la investigación del denominado caso SQM, Renovación Nacional se vio ligado a la sociedad Asesorías Técnica S.A., empresa creada en 1990. Según Equifax, esta sociedad registraba propiedades que corresponden a dependencias de RN en calles Antonio Varas y Galvarino Gallardo. Esa misma empresa facturó altos montos a la minera no metálica, por lo que representantes de Asetec y de RN debieron acudir al SII para ser fiscalizados.

Antes de que cambiara la ley de partidos, según explica el contralor de la colectividad, David Huina, RN dejó de tener vínculo con esta sociedad. Respecto a posiciones financieras, RN invirtió en fondos mutuos de renta fija una parte de la cuota del aporte estatal, manteniendo con ello una disponibilidad de recursos necesaria para su operación. Hasta 2015, el patrimonio en bienes raíces era de $ 573.333.572.

La sede central del PR en casa

La sede del Partido Radical, en calle Londres 57, hasta hace algunos meses no era del colectivo sino que de la sociedad de Inversiones Mosaico S.A. Sin embargo, tras los cambios a la ley, el PR, al igual que la DC, debió recurrir al artículo transitorio de la misma ley y a través de Bienes Nacionales regularizar la propiedad a nombre del partido. Avaluada a precio fiscal en $132 millones, la tradicional casona es parte de los $597 millones en activos inmobiliarios -algunos de los cuales fueron entregados al partido tras el retorno a la democracia- registrados en su balance 2016.

Según explican desde el PR, todos estos bienes -cerca de 12 propiedades- están destinados a funciones partidarias, y entre las cosas que hubo que subsanar para ajustarse al nuevo orden estuvo el actualizar el pago de sus contribuciones.

En ese mismo balance figura, por concepto de fondos mutuos, la cifra de $ 104 millones. La procedencia de esos fondos se debe a que antes el partido poseía una propiedad en calle Miraflores, en el centro de Santiago, la que fue vendida en cerca de $ 550 millones. Asimismo, el PR posee otros $ 104 millones en el banco BCI, además de $ 46 millones en cuentas destinadas a mantener el aporte fiscal. En total, el activo declara $ 1.010 millones.

Aumento de activos en el PPD

Según la directiva del PPD, no fue necesario que el partido realizara grandes cambios para ajustarse a la nueva ley porque su patrimonio era menor y no posee inmuebles. Sin embargo, eso cambió. Tal como se consigna en transparencia activa en su sitio web, a marzo de 2017 el PPD figura con aporte fiscal de $184.927.760. Entre sus gastos mensuales figuran pagos a personal de la entidad por un total de $ 60 millones. También se refleja la adquisición de bienes y servicios entre $ 34 millones y $ 38 millones. Tal como exige la ley, todos los partidos deben inyectar recursos para fomentar la participación femenina. Según los registros, el PPD gastó entre enero y marzo de 2017 la suma total de $ 4,8 millones.

Sincerando las deudas gremialistas

Para regularizar su contabilidad, la UDI debió repactar sus deudas con entidades bancarias. Esto porque, según expresó la directiva, el partido no posee patrimonio inmueble, por lo que sus sedes partidarias debe arrendarlas.

Integrantes de la actual mesa y del departamento de contabilidad gremialista explican que debieron acercarse a los bancos BCI y De Chile, y a otras entidades, para ordenar los cerca de $ 1.400 millones en deudas. Según agregan, se pactó con los bancos pagos de $ 30 millones trimestrales desde junio de 2016 hasta enero de 2010. En su balance entregado en mayo pasado al Servel la deuda iba en $ 1.160 millones, con $ 460 millones a pagar a los bancos y otros $ 690 millones a otras entidades.