La Fiscalía General de Colombia recibió en el primer semestre de este año 312 denuncias de nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales de personas mostradas por las fuerzas militares y organismos de seguridad como guerrilleros abatidos en combate, informa hoy la prensa local.

Sin embargo, la revista "Cambio" señala en la edición que comenzó a circular hoy que de 1.160 casos que investiga una unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, referidos a 1.881 víctimas, 312 fueron denunciados entre enero y julio.

Dichos casos fueron denunciados en varios departamentos del norte y centro del país y comprometen a 144 miembros del Ejército, 38 de la Policía, 29 de la Armada y cinco del servicio secreto DAS, de los cuales 46 han sido condenados y 100 exonerados.

"La tarea del nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva, no será fácil especialmente por dos razones: primero, porque es un hecho que el fenómeno no ha desaparecido y, segundo, porque el Presidente (Alvaro Uribe), que está convencido que lo que existe es una campaña para empañar la política de seguridad democrática y quitarle margen de maniobra a la Fuerza Pública, le encomendó como tarea especial conducir la defensa judicial de las Fuerzas Armadas", dice "Cambio".

El Ministerio Público confirmó el mes pasado que ha abierto desde 2003 un total de 1.603 procesos disciplinarios contra militares por casos de posibles ejecuciones extrajudiciales.

Una comisión especial de la Procuraduría General, que analizó en qué estado se encuentran los procesos, estableció que ese organismo ha investigado desde entonces 812 casos de presuntas ejecuciones.

Las cifras fueron citadas en un reporte que entregó la Procuraduría General al relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, que a comienzos de julio hizo una visita a Colombia.

Aunque las denuncias de estos casos se han conocido en los últimos años, la situación comenzó a llamar la atención del país hace casi un año, cuando se encontraron los cuerpos de 11 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 de la población de Soacha (centro), contigua a Bogotá.

Los jóvenes fueron presentados por el Ejército como guerrilleros abatidos en combate, pero la investigación comenzó cuando sus familiares aseguraron que no eran miembros de grupos armados.

La Fiscalía ha comprometido en el caso de Soacha a cerca de 50 militares, que afrontan cargos por desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Fiscales asignados al caso consideran que dentro del Ejército opera una red que busca a jóvenes para matarlos y mostrarlos como guerrilleros abatidos en enfrentamientos, con el objetivo de que los militares obtengan el reconocimiento de sus superiores y reciban algunos "premios" como días de descanso.